Fuentes municipales alertan de una ficha interna en la que un edil del Gobierno de Sara Hernández figura como usuario activo con permisos vinculados a multas. Vecinos estarían trasladando quejas por sanciones que consideran motivadas por razones políticas.
Getafe vuelve a situarse en el centro de una pregunta incómoda: ¿quién puede acceder a la información de las multas de tráfico de los vecinos y con qué finalidad?
Este medio ha tenido acceso a una imagen que, según fuentes del propio Ayuntamiento de Getafe, correspondería a una pantalla interna de gestión de usuarios de una aplicación municipal vinculada a Policía Local o al sistema InfoPOL. En esa ficha aparece un usuario activo asociado a un concejal del Gobierno municipal de Sara Hernández, con permisos asignados como “USUARIO BÁSICO” y “SANCIONES TRÁFICO”.
Foto acreditativa
La imagen, por sí sola, no permite concluir que se haya producido un acceso indebido a expedientes concretos ni que se hayan consultado datos personales de vecinos. Pero sí abre una cuestión de enorme gravedad institucional: ¿por qué un cargo político tendría un usuario activo con acceso directo a un módulo relacionado con sanciones de tráfico?
El asunto cobra especial relevancia porque, según fuentes municipales consultadas por este medio, estarían aumentando las quejas de ciudadanos que aseguran haber recibido multas en contextos que interpretan como vinculados a su tendencia política, su actividad pública o su posición crítica con determinadas decisiones municipales.
Conviene ser prudentes: esas quejas deberán acreditarse expediente por expediente. Pero precisamente por eso resulta imprescindible que el Ayuntamiento de Getafe aclare de inmediato qué accesos existen, quién los autorizó, con qué finalidad y qué trazabilidad tienen.
El derecho de información no equivale a barra libre sobre datos personales
Los concejales tienen derecho a obtener información municipal cuando sea necesaria para ejercer su función pública. Así lo recoge la legislación de régimen local. Pero ese derecho no puede confundirse con un acceso permanente, operativo e indiscriminado a aplicaciones que contengan datos personales de vecinos.
Una cosa es que un concejal solicite un expediente concreto para fiscalizar una actuación municipal. Otra muy distinta es que disponga de un usuario activo dentro de un sistema desde el que pudiera consultar datos relacionados con multas, vehículos, domicilios, identificaciones, notificaciones o expedientes sancionadores.
En materia de protección de datos, el principio básico es claro: solo se debe acceder a los datos necesarios, para una finalidad legítima, con base jurídica suficiente y con control de trazabilidad. En una administración pública, además, esos controles deberían ser especialmente estrictos cuando la información afecta a ciudadanos concretos.
Por eso, si un concejal de Getafe tiene acceso al módulo de sanciones de tráfico, el Gobierno municipal debe explicar públicamente cuál es la razón.
Las preguntas que Sara Hernández debe responder
El Ayuntamiento de Getafe debería aclarar, al menos, las siguientes cuestiones:
¿Está o ha estado activo ese usuario en el sistema municipal?
¿Qué cargo político o administrativo tiene asignado?
¿Qué permisos exactos incluye el rol “SANCIONES TRÁFICO”?
¿Permite solo visualizar información agregada o también consultar expedientes individuales?
¿Permite imprimir pantallas, exportar documentos o acceder a datos personales?
¿Quién autorizó el alta de ese usuario?
¿Existe informe jurídico, técnico o del Delegado de Protección de Datos que justifique ese acceso?
¿Desde cuándo está activo?
¿Hay registros de acceso por usuario, fecha, hora y expediente consultado?
¿Se ha auditado si ese usuario ha consultado multas de vecinos concretos?
¿Tienen acceso similar otros concejales del Gobierno municipal?
¿Lo tienen también concejales de la oposición?
¿Se han cruzado sanciones de tráfico con personas críticas, afiliaciones, actos políticos, publicaciones públicas o denuncias vecinales?
Estas preguntas no son menores. Afectan al núcleo de la confianza democrática en una administración local.
Multas, política y datos personales: una combinación explosiva
Las multas de tráfico no son una herramienta política. Son actos administrativos sometidos a legalidad, proporcionalidad, procedimiento y garantías. Si un vecino comete una infracción, debe ser sancionado conforme a la ley. Pero si un ciudadano empieza a sospechar que una sanción puede tener relación con su posición política, su crítica al Gobierno local o su participación pública, el daño institucional ya está hecho.
Y si, además, aparece una ficha interna que vincula a un concejal con permisos de acceso al módulo de sanciones, el Ayuntamiento no puede refugiarse en el silencio.
La transparencia aquí no es una opción estética. Es una obligación democrática.
No se trata de acusar sin pruebas. Se trata justo de lo contrario: de exigir que el Ayuntamiento aporte la documentación necesaria para despejar cualquier sospecha.
Porque si el acceso es legítimo, limitado y auditado, el Gobierno de Sara Hernández debería poder explicarlo en cinco minutos. Y si no lo es, estaríamos ante un problema de una gravedad evidente.
Este medio solicitará explicaciones formales
Este medio va a solicitar al Ayuntamiento de Getafe información sobre los accesos políticos o administrativos al sistema de sanciones de tráfico, los perfiles activos, las autorizaciones concedidas, los informes de protección de datos y los registros de actividad que permitan verificar si se han consultado expedientes concretos.
También se pedirá aclaración sobre las quejas ciudadanas relativas a posibles sanciones percibidas como selectivas o vinculadas a tendencia política.
La cuestión no es si el Gobierno municipal puede sancionar infracciones. Claro que puede. La cuestión es si alguien con responsabilidad política puede tener acceso directo a información sensible de vecinos sin una justificación concreta, proporcionada y controlada.
Getafe merece una respuesta clara.
Porque las multas pueden ser legales. Los sistemas pueden ser internos. Los permisos pueden tener una explicación técnica. Pero cuando un concejal aparece con acceso activo a “SANCIONES TRÁFICO”, y cuando vecinos empiezan a hablar de multas con posible lectura política, el silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer otra cosa.
La pregunta es sencilla: ¿Quién mira las multas de los vecinos de Getafe y para qué?