El alcalde socialista, Ángel Viveros, se ha negado a eliminar la tasa de residuos en el municipio y a defender la autonomía local frente a las imposiciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa de residuos a las entidades locales, a partir del 10 de abril de 2025.

Mientras que la Directiva Europea de Residuos no impone a los Estados miembros la obligación de imponer esta tasa. Simplemente, señala los objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje y enumera distintos instrumentos para incentivarlo. Y es el presidente del Gobierno quien, a la hora de trasponer esta Directiva, aplica el instrumento más gravoso para los ciudadanos, de todos los posibles. Una nueva tasa cuyo coste deberán repercutir los ayuntamientos de manera íntegra a los ciudadanos.

Esta implantación obligada supone un ataque contra la autonomía municipal al impedir que los consistorios hagan uso de su libertad para elegir su modelo de financiación. La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local determina que son los propios ayuntamientos quienes deben establecer sus propios tributos. Es una clara invasión de competencias.

El alcalde Viveros vuelva a ponerse del lado de Pedro Sánchez, en vez de defender a los cosladeños y quiera continuar metiendo la mano en su bolsillo con más y nuevos impuestos.