La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso (PP) se pone firme. Su vicepresidente Ignacio Aguado ha anunciado que el Ejecutivo regional llevará ante la Fiscalía Superior de Justicia la denuncia de la supuesta okupación de un total de 59 viviendas por mafias. Viviendas ubicadas tanto en la capital como en los municipios de la región, entre ellos, Coslada. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este 17 de diciembre, donde también ha asegurado que se instará a la Delegación del Gobierno a reforzar la seguridad en los barrios afectados por este problema. Barrios que se encuentran, además de en nuestra ciudad, en Madrid, Móstoles, Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Galapagar y Mejorada del Campo.
En el informe se da cuenta de una serie de hechos que podrían ser lesivos para los bienes y derechos de la Comunidad
Indicios
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe, elaborado de forma conjunta por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y por la de Vivienda y Administración Local, en el que se da cuenta de una serie de hechos que podrían ser considerados delito, y que están resultando lesivos para los bienes y derechos de la Comunidad de Madrid, en concreto, para el patrimonio público que gestiona la Agencia de Vivienda Social.
La Comunidad cree que estas organizaciones criminales, además de haber ocupado ilegalmente estos inmuebles, estarían subarrendando las viviendas e incluso vendiéndolas a otras personas en situación de especial necesidad. La intención del Ejecutivo autonómico es buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas. El objetivo es conseguir una mayor seguridad jurídica y arbitrar nuevas fórmulas legislativas que agilicen los trámites para recuperar las viviendas usurpadas