La Comisión de Alcaldes y Alcaldesas creada con el propósito de impulsar una Iniciativa Legislativa Municipal que posibilite la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y otorgue a las administraciones locales la opción de regular el mercado inmobiliario en las llamadas zonas tensionadas, ha trasladado el asunto al Gobierno central.
Lo ha hecho a través de una reunión en la que han participado los miembros de esta Comisión, entre ellos el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
En el encuentro, los representantes municipales han recibido el apoyo de la ministra quien les ha mostrado su confianza en que “finalmente, aquellos que hoy se oponen a los avances, la realidad les haga rectificar y sean los primeros que se apunten el tanto”. de la Comunidad de Madrid con el propósito de regular el mercado inmobiliario en las zonas tensionadas.
Cabe recordar que, además de Coslada, toman parte en esta iniciativa las ciudades de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Pinilla del Valle, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio.
Al paso dado hoy se ha llegado tras, primero, constituir la Comisión de Alcaldes y Alcaldesas con la que impulsar esta Iniciativa Legislativa Municipal; a continuación, y después de aprobarse el texto, se ha elevado la petición para su debate a la Mesa de la Asamblea de Madrid, puesto que las competencias en materia de vivienda corresponden a la administración autonómica.
El primer edil de Coslada, Ángel Viveros, al término de la reunión de hoy, además de “agradecer el respaldo de la ministra”, ha insistido en que “llevaremos este asunto hasta donde haga falta porque estamos hablando del acceso a la vivienda por parte de nuestros jóvenes y de colectivos vulnerables que no pueden tener un piso porque los precios de alquiler son inalcanzables”. Viveros ha recalcado que “lo único que buscamos mediante la declaración de zonas tensionadas es que sean los Ayuntamientos los que puedan actuar directamente sobre el mercado inmobiliario y tener la capacidad de moderar los precios, para que quienes ahora no pueden acceder a una vivienda lo hagan a un precio justo”.