NOTICIAS | Miguel Ángel García: “Sacan esta bandera como sacaron la de Palestina”

El Gobierno exige a la Comunidad de Madrid que elabore un registro de profesionales objetores al aborto

El Gobierno exige a la Comunidad de Madrid que elabore un registro de profesionales objetores al aborto

El portavoz del Gobierno regional habla sobre el aborto.

Imagen: Señal Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Sánchez se mantiene firme en sus posiciones y exige a la Comunidad de Madrid que elabore un registro de profesionales objetores de conciencia que no estén dispuestos a realizar un aborto en el ejercicio de sus funciones. “Ha llegado un requerimiento y también una carta del presidente”, cuenta el portavoz del Gobierno regional, insistiendo en que “lo están estudiando los servicios jurídicos” de la Comunidad de Madrid, por lo que la respuesta se dará “cuando llegue el momento procesal oportuno”. Miguel Ángel García está convencido de que “estamos hablando de esto porque quiere el Gobierno”, acusándole de usar como “cortina de humo” este asunto para desviar la atención de “los graves casos de corrupción” que se están investigando en el entorno político y personal de Sánchez.

 

 

 

“No quieren que hablemos de Ábalos, que no ha declarado en el Supremo, ni del fiscal general del Estado imputado, ni del hermanísimo, imputado y procesado, ni de Begoña Gómez”. Así enumera Miguel Ángel García algunos de los episodios que “de verdad preocupan a los españoles”. “Sacan esta bandera como sacaron la de Palestina o el francomodín”, dice el consejero sobre el aborto en la rueda de prensa posterior al último consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, seguro de que desde el Ejecutivo central “no quieren que hablemos de la debilidad del peor Gobierno de la historia de la democracia”.

 

 

 

Mientras el Gobierno de España da los primeros pasos para iniciar la reforma que permita blindar el aborto en la Constitución, Ayuso le acusa de “dinamitar la ley de leyes”, insistiendo en que “la Constitución ampara la libertad de conciencia y nadie debe ser obligado a declarar sobre sus creencias”, por lo que se desmarca de cualquier “lista negra en la que el anonimato no esté protegido”. “Quien quiera estar en un registro lo estará y quien no quiera no lo hará”, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid para zanjar la polémica sobre la creación de ese registro objetores de conciencia que ha solicitado el presidente del Gobierno de España.

 

 




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