El conflicto entre la Comunidad de Madrid y los profesores en huelga se traslada a los tribunales. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que emprenderá acciones penales contra los participantes en una protesta que este el pasado lunes 16, obligó a suspender su intervención en unas jornadas sobre Formación Profesional dual en Madrid. La responsable autonómica denuncia una situación reiterada de acoso, mientras los representantes de los docentes niegan haber protagonizado actos violentos y reclaman que se abra una negociación para resolver el conflicto educativo.
Los incidentes se produjeron en el Espacio Bertelsmann, situado en la calle O'Donnell, donde Zarzalejo tenía previsto inaugurar un encuentro organizado por el Grupo Prensa Ibérica. Desde las 8:30 horas, más de un centenar de personas se concentraron a las puertas del recinto para reclamar mejoras en la educación pública y exigir que la Consejería se siente a negociar con el comité de huelga.
Según el relato de Zarzalejo, una parte de los manifestantes accedió por la fuerza a las instalaciones antes de su llegada. La consejera asegura que levantaron la reja de entrada, forzaron las puertas correderas y empujaron al personal de seguridad y a trabajadores del centro.
La intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional terminó con la identificación de 40 personas y la apertura de diligencias policiales, según los datos facilitados por la propia consejera.
"La UIP se ha personado y nos ha comunicado que no se podía garantizar la seguridad", explicó Zarzalejo, que finalmente suspendió su participación siguiendo las recomendaciones policiales.
La consejera considera que lo ocurrido no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una sucesión de protestas que, según denuncia, están dificultando su actividad institucional durante las últimas semanas.
"Estos altercados son los últimos de los muchos que se están sucediendo en las últimas semanas, cada vez con mayor violencia y agresividad", manifestó.
Zarzalejo sostiene que estas actuaciones no solo afectan al funcionamiento del Gobierno autonómico, sino también a entidades ajenas al conflicto, como el Grupo Prensa Ibérica, organizador del encuentro suspendido.
La responsable de Educación anunció que presentará una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Plaza de Castilla para que se investiguen los hechos. Además, advirtió de que las posibles responsabilidades penales podrían extenderse más allá de quienes participaron directamente en los incidentes.
"Voy a ejercitar las acciones penales correspondientes para que se depuren no solo las eventuales responsabilidades individuales de quienes están cometiendo este acoso, sino, en su caso, las que puedan corresponder a los miembros del comité de huelga como inductores de estas conductas", afirmó.
La consejera atribuye las concentraciones a grupos de activistas que, según sus sospechas, siguen consignas del comité de huelga y buscan interferir en la agenda pública de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de la propia responsable de Educación.
Zarzalejo también ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Madrid que actúe ante las concentraciones que considera no autorizadas y que agilice la tramitación de las 45 actas de denuncia que, según indicó, han elevado las fuerzas de seguridad por episodios similares.
La consejera quiso diferenciar a los participantes en estas protestas del conjunto del profesorado madrileño. "Estos grupos de activistas violentos no representan a la mayoría de los docentes, que también están siendo agraviados por estas minorías radicales que quieren imponer por la fuerza sus exigencias", aseguró.
Los sindicatos rechazan las acusaciones y piden pruebas
Las declaraciones de Zarzalejo han provocado una respuesta de los representantes de los profesores movilizados, que rechazan la descripción de las protestas como actuaciones violentas y cuestionan la decisión de recurrir a la vía penal.
El comité de huelga niega que sus integrantes hayan protagonizado actos violentos y defiende que sus movilizaciones forman parte de acciones de desobediencia cívica.
El enfrentamiento se produce cuando los profesores de la enseñanza pública madrileña cumplen más de un mes de huelga indefinida, iniciada el 14 de octubre, para reclamar mejoras laborales y mayores recursos para los centros educativos.
Entre sus reivindicaciones figuran la reducción de la carga lectiva, la mejora de las condiciones de trabajo y el refuerzo de los medios destinados a la educación pública.