El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana celebró este martes 28 de abril la Comisión Multilateral con todas las comunidades autónomas para avanzar en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. En el encuentro se preparó la Conferencia Sectorial de finales de mayo, donde se aprobarán los criterios de reparto y las adhesiones definitivas. El primer desembolso —800 millones de euros correspondientes a 2026— está previsto para julio.

Según el Ministerio, todas las comunidades, incluidas las más críticas, mostraron “disposición a participar” en el plan, que triplica los fondos del anterior y establece un modelo de corresponsabilidad (60% Estado + 40% autonomías).

La postura de la Comunidad de Madrid: críticas duras, pero sin “no” rotundo

A pesar del tono constructivo de la reunión, la Comunidad de Madrid mantiene una posición muy crítica. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, volvió a pronunciarse este miércoles 29 de abril sobre si la región rechazará o se unirá al plan.

García Martín calificó el plan de “auténtico caos”, criticó que “no ha sido negociado” ni “acordado con las comunidades autónomas” y señaló que contiene aspectos que podrían ser “inconstitucionales”. Sin embargo, no cerró la puerta a su participación. 

El portavoz confía en que en la Conferencia Sectorial se puedan “corregir cosas muy importantes” y que el Gobierno central “pueda recapacitar”. “Esperamos mejorar el plan anunciado”, insistió.

A Madrid le corresponden 1.113 millones de euros, pero el Ejecutivo autonómico sigue defendiendo su propio modelo basado en agilización urbanística, menos burocracia y colaboración público-privada.