La prórroga de la explotación minera de sepiolita en Ambroz ha abierto un enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid, que defiende su valor económico y estratégico, y colectivos vecinales y ecologistas, que alertan del daño irreversible a un espacio natural renaturalizado con alta biodiversidad.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) presentó esta semana denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el SEPRONA por los trabajos con maquinaria pesada que se están realizando en el perímetro de la Laguna Grande. Según la organización, estas obras afectan a especies protegidas en plena época reproductora, entre ellas el avión zapador —catalogado como amenazado—, somormujos, fochas y otras aves acuáticas, así como mamíferos y reptiles del entorno.
La posición de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid aprobó el 22 de mayo de 2026 la prórroga por 30 años (hasta 2037) de la concesión “Tolsadeco” a la empresa Tolsa. Justifica la decisión por tratarse de uno de los últimos yacimientos de sepiolita de máxima pureza existentes, un mineral del que España es el único productor relevante en la Unión Europea.
Según la administración autonómica, este recurso tiene aplicaciones estratégicas en la transición energética, baterías, catalizadores, retardantes de llama y otros usos industriales de alto valor. La prórroga busca generar empleo y actividad económica en la zona, reforzando la autonomía industrial europea y reduciendo dependencias exteriores.
La Comunidad asegura que el proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2019 (prorrogada y ratificada), un plan de restauración y estudios de riesgos para la salud. Tras el fin de la explotación, se prevé restaurar el espacio creando nuevas lagunas con mayor potencial ecológico.
La posición de los opositores
Colectivos vecinales, FRAVM, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y el Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz sostienen que el área ya no es un simple “hueco minero”, sino un humedal renaturalizado con más de 1.800 especies documentadas (156 de aves, centenares de invertebrados, flora y hongos protegidos).
Consideran que el espacio representa una oportunidad histórica para crear la “Casa de Campo del Este”, un gran pulmón verde que conectaría con corredores ecológicos, mitigaría el efecto isla de calor y mejoraría la calidad de vida de los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas.
Los opositores critican que la DIA de 2019 está obsoleta, pues no incorpora los inventarios de biodiversidad realizados en los últimos años ni valora adecuadamente los impactos sobre la fauna en época de cría. Denuncian que la mina a cielo abierto, próxima a viviendas, colegios y zonas deportivas, generará polvo, ruido y daños a la salud y al ecosistema difícilmente reversibles a corto plazo.