El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado ante la decisión del Tribunal Supremo de abrir la fase de juicio oral contra fiscal general del Estado por el presunto delito de revelación de secretos. Miguel Ángel García Martín, consejero y portavoz del Ejecutivo, considera que Álvaro García Ortiz debería pagar la fianza de 150.000 euros que ha pedido el magistrado y, posteriormente, dimitir junto con al resto del equipo de Pedro Sánchez.
Ayer mismo, el Supremo destacó que el fiscal general pudo “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo, como presumible autor de un delito previsto y penado en el art. 417 CP, pues, como se viene exponiendo, no concurre supuesto alguno por el que sea procedente algún tipo de sobreseimiento”.
Si bien es cierto que el instructor del caso, el juez Luis Hurtado, desestimó suspender cautelarmente a García Ortiz de sus funciones, ya que, al parecer, esta decisión no era de su competencia. Hoy, el consejero de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el fiscal debería dejar su cargo, al igual que el presidente del Gobierno de España, desde donde, a su juicio, han "ligado su futuro político al de García Ortiz, quizá porque pudieran ser los autores intelectuales de los delitos que se le imputan".
"No es normal que un fiscal general tenga que sentarse en el banquillo de los acusados", destaca García Martín, "como tampoco es normal que el Gobierno, de alguna manera, insulte o descalifique al Poder Judicial, ni que la mujer del presidente haya tenido que declarar hoy por un nuevo delito, el de malversación". Este sería ya el quinto presunto delito que se le imputa a Begoña Gómez, y que se suma al de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y presunta corrupción en los negocios.
Por todo ello, el portavoz del Ejecutivo regional sostiene que, para recuperar la normalidad institucional, es necesario que dimita no solo el fiscal general, sino todo el equipo asentado en La Moncloa.