"Solo 21 de los 179 municipios de Madrid han conseguido adaptar el planeamiento urbanístico a la Ley del Suelo de 2001". Juan Varela vuelve a nuestros estudios para abordar la Ley del Suelo que está preparando la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente e Interior, liderada por Carlos Novillo, y de la cual solo tenemos anuncios y un anteproyecto, de momento. El diputado de Más Madrid sostiene que se están "colando" varias cosas en las que hay que poner el foco, sin ir más lejos, el propio texto del Gobierno regional reconoce "sistemáticos incumplimientos de la normativa urbanística" en varias localidades y un panorama "desastroso" en esta materia.
Si se buscan responsables, Varela lo tiene claro, "son los diferentes gobiernos del PP que, desde la burbuja inmobiliaria hasta ahora, les ha interesado que la regulación urbanística fuera lo menos rigurosa posible". Ante este panorama, la nueva Ley recoge dos conceptos que entroncan las medidas: flexibilizar y agilizar; dos términos que también se recogen en las leyes ómnibus aprobadas con anterioridad, la última en diciembre de 2024, Ley 7/2024 de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.
Varela considera que si bien este planteamiento se puede llevar a cabo, "se podría acelerar si hubiera los recursos suficientes", también recuerda que la burocracia existente, en gran medida, es necesaria, "todos esos trámites y todos esos informes son absolutamente fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y para la conservación del medio ambiente y de la salud pública". Es más, "el urbanismo es un elemento clave para que podamos vivir bien", incide el diputado, "por lo tanto, no se puede hacer a la ligera", porque se abriría la puerta a conflictos jurídicos y, hablando en plata, "a la corrupción".
Así, dentro del planteamiento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia urbanística hay que destacar la importancia de un documento que algunos ayuntamientos conciben como una losa, el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), y que organiza y regula cómo puede crecer y transformarse un municipio. Es una especie de “constitución urbanística” de la ciudad. En dicha "constitución" se clasifican los suelos, se determinan los usos de los mismos, se fijan intensidades y límites (alturas máximas, densidad de viviendas, edificabilidad...), planifica infraestructuras básicas (calles, transporte, red de agua...) y marca la estrategia de la ciudad a largo plazo.
No obstante, los PGOUs de muchas localidades llevan sin renovarse desde antes del 2000, por lo que cabe deducir que no se ajustan a las necesidades urbanísticas actuales y cambiantes. Y es que, si un ayuntamiento intenta actualizarlo, puede adentrarse en procesos de hasta doce años, por lo que muchos desisten, sobre todo los municipios pequeños, ya que pueden no contar con equipos técnicos propios (arquitectos municipales, ingenieros, juristas urbanísticos...), además de los costes que esta operación conlleva.
"Lo que propone la Comunidad de Madrid es cambiar los instrumentos que hay ahora, que son el PGOU y los planes parciales por otros instrumentos que, según ellos, serían más ágiles", el Plan de Estrategia Municipal, los planes ejecutivos y las ordenanzas. Pero, ¿por qué ahora? Varela lo tiene claro, "una de las urgencias de esta Ley proviene de la necesidad de Madrid ciudad, es decir, del Gobierno de Almeida, de presentar antes de 2027 su Plan Estratégico Municipal".
Otra de las "urgencias" es la exigencia de ordenar el territorio para acoger las grandes infraestructuras "nocivas o perjudiciales para la ciudadanía", adelanta Varela, las plantas de biogás, las plantas solares, los vertederos y otros espacios para los que "no hay una planificación". Casos como el de Colmenar Viejo, Tres Cantos o Cubas de la Sagra, con el agravante de que, para el diputado, los municipios del sur de la región suelen ser los más perjudicados.
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