“No tiene ni pies ni cabeza”, dicen desde Más Madrid para hablar del escrito que ha presentado la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno con objetivo de desalojar la Puerta del Sol. Con este telón de fondo, Más Madrid ha presentado unas alegaciones al texto en las que deslegitima los argumentos empleados por el Gobierno regional para que se efectúe la disolución de la acampada que se asienta en la plaza desde el que finalizase la manifestación por la vivienda y como protesta al desahucio de Mari Carmen, la vecina de 87 años que fue expulsada de su hogar y que ya ha regresado a su casa.
Hugo Martínez Abarca considera que “Ayuso hablaba de la libertad y ahora quiere represión y porras”. El diputado de Más Madrid asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado “su lado más ultra” y la acusa de pretender que la región y la ciudad sean “un escaparate y no un lugar de convivencia democrática”. Insiste en que tanto Ayuso como el alcalde de la capital “están nerviosos” por “lo que está haciendo la ciudadanía madrileña de forma pacífica, ejemplar y democrática en la Puerta del Sol y en las manifestaciones y concentraciones que ha habido a favor del derecho a la vivienda”.
“Si la Comunidad de Madrid tuviera que exigir algo sería que se garanticen los derechos de la ciudadanía, el derecho a manifestación y que se blinde la Puerta del Sol para que las amenazas fascistas que sufren los acampados no se lleven a término en ningún caso”. Así lo expone Abarca, pidiendo al delegado del Gobierno “que no haga caso de un requerimiento absurdo” e instándole, además, a proteger “tanto la acampada y el derecho a la manifestación como a quienes se manifiestan frente a las amenazas de grupos neonazis”.
Por su lado, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene claro que “la impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas”. Miguel Ángel García asegura que esta “acampada ilegal está generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol”, adelantando que de no producirse la disolución de la acampada, acudirán al “órgano judicial correspondiente” y se reservan el derecho a poder emprender acciones judiciales, incluidas las penales, contra el delegado del Gobierno.