"La UCO es una institución más que el Gobierno quiere controlar" dentro de esa "degradación democrática que estamos sufriendo" y que acerca a España a una "autocracia". Francisco Galeote vuelve a nuestros estudios para abordar la actualidad más reciente en torno al Poder Judicial y que salta incluso a organismos de la Guardia Civil, como es la Unidad Central Operativa. Para el diputado del Partido Popular, se van cayendo las máscaras, dejando ver que "lo que pretenden es controlar los casos penales que actualmente están vivos", y que salpican a varios miembros del equipo de Pedro Sánchez.
Galeote ha señalado la percepción que la ciudadanía tiene del "deterioro" del Ministerio Fiscal. Desde "la propia imputación del fiscal general", pasando por "la sentencia del Tribunal Supremo anulando un nombramiento que había hecho, acusándole incluso de desviación de poder" o el posicionamiento de la Fiscalía en los procesos judiciales vigentes, actuando "más como abogado defensor", y no ajustándose al papel que le corresponde. "Es una situación insostenible", mantiene el popular.
En este sentido, hay uno de los puntos de la reforma que llama especialmente la atención, y es que ahora será la Fiscalía la que dirija la instrucción judicial, una responsabilidad que venían haciendo los jueces de instrucción. Para el diputado, esta medida per se no es negativa ni positiva, pero, en este momento, "podemos pensar que es una manera muy burda de asumir el control de los procedimientos judiciales". Es más, el fiscal general, "que depende directamente del Gobierno y que Pedro Sánchez presume, precisamente, de sumisión absoluta, va a controlar la instrucción de los procedimientos judiciales", explica Galeote, asegurando que esa "dependencia jerárquica solo ocurre en las repúblicas bananeras".
Por otro lado, Galeote ha puesto sobre la mesa una de las últimas propuestas que lanzó Más Madrid en torno a la reforma del Poder Judicial. El partido liderado por Manuela Bergerot apostaba porque los jueces hicieran públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales con el fin de luchar contra la corrupción, detectar posibles conflictos de intereses y preservar su independencia, algo que ha llamado la atención al popular. “La misma izquierda” que dice velar por esa independencia judicial, “nombra en el Tribunal Constitucional a ministros que acaban de salir de un Gobierno y que tienen que controlar las leyes que va a necesitar el mismo”. Para el diputado, “la música suena muy bien, pero rascas un poco y son ideas absolutamente perversas”.
El último debate que ha saltado a la mesa es la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que sacó adelante el ministro Félix Bolaños. Dentro del 'pack' de reformas que plantea el Ministerio, esta es una de las que más controversia está generando, pues se pretende aplicar, al parecer, sin una memoria económica y sin los recursos necesarios. "Esta norma es discutible desde su propio nombre", sentencia Galeote, señalando además que "las necesidades de la Justicia van por otro camino". ¡Dale al Play y entérate por qué!