La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, informó en la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este aprobó un Real Decreto-ley que ampliaba en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidado de menor. Ahora, el permiso pasa de 16 a 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores y se incrementa a 32 semanas para las familias monoparentales.

Una de las tres nuevas semanas, dos para las familias monoparentales, se disfrutará durante el primer año del bebé o en los primeros 12 meses de la adopción, guarda o acogimiento familiar. Se mantiene la obligatoriedad de que las primeras seis semanas sean disfrutadas de forma ininterrumpida a jornada completa e inmediatamente tras el nacimiento o la adopción, acogimiento familiar o guarda. Las otras dos nuevas semanas, cuatro para las familias monoparentales, se pueden disfrutar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años.

Yolanda Díaz anunció que la medida tiene carácter retroactivo al 2 de agosto de 2024, por lo que las familias con hijos nacidos a partir de esa fecha pueden acogerse a ella. Este derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 y es un derecho de la persona trabajadora no transferible al otro progenitor.

La Seguridad Social asumirá el coste de la ampliación de la prestación, según avanzó la vicepresidenta: "No son los empleadores los que sufragan la inversión social de esta medida. Son los impuestos y las cotizaciones de la gente trabajadora". La cuantía de las prestaciones será equivalente al 100% de la base de cotización. En su exposición, Díaz también señaló que el permiso de lactancia permanece exactamente igual: tres semanas.

Díaz subrayó que esta medida iba dirigida a los trabajadores, a las familias y, de manera muy singular, a la juventud, que "está absolutamente comprometida con los valores democráticos, ecológicos y feministas de España", y tiene valores corresponsables.

Asimismo, Yolanda Díaz remarcó que la iniciativa incluía a los trabajadores asalariados, a los autónomos y a los empleados públicos, e incidió en que atendía a las reclamaciones de las familias monoparentales, conformadas en un 80% por mujeres en solitario.