Unos días después de que la Comunidad de Madrid se pronunciase ante el requerimiento del presidente del Gobierno para la elaboración del registro de objetores al aborto, Isabel Díaz Ayuso vuelve a recordar esta misma respuesta ante los medios, recuperando la Constitución Española. La presidenta madrileña ha incidido en que no hará ninguna lista, ya que respeta el anonimato de los médicos objetores, tal y como recoge el artículo 16.2 desarrollado en otras ocasiones.
Dicho artículo dicta que "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias", como se pretende en el registro, ya que, clasificar a alguien en función de su moral implica, de facto, que se tenga que pronunciar públicamente sobre la misma. Un aspecto que también avala el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. [...] así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".
Aun así, es necesario volver a recuperar la reforma de la Ley del Aborto aprobada en 2023. En dicho texto se establece que, para garantizar la suficiencia de profesionales que garanticen esta intervención, será necesaria la elaboración, por regiones, del mencionado registro de objetores. Si bien es cierto que el Ministerio de Sanidad se ampara en que dicha lista no será pública, podría entenderse como un choque con el artículo 16.2 de la Constitución previamente explicado.
Por lo tanto, aunque "el aborto en España es legal", la presidenta madrileña incide en que "no se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo, y no puede ser señalado ni por sus familias ni por sus condiciones económicas ni por nada ni tampoco se puede obligar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto". Además, Ayuso sostiene que seguirá aplicando el criterio que ampara la Constitución, "el respeto y el anonimato de los profesionales, la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias".
Para la líder del Ejecutivo madrileño, es el propio Gobierno de España el que se estaría saltando la "ley de leyes" al intentar introducir este aspecto, avalado en su día por el propio Tribunal Constitucional.