La Comunidad de Madrid insta al Gobierno central a paralizar sus reformas de la Justicia en marcha por, a su parecer, atentar contra la independencia judicial y la separación de poderes consagrados en la Constitución Española.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la petición formal para solicitar la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; la ley que ordena el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal; y desista de la aprobación del Anteproyecto de Ley que varía la norma por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Comunidad de Madrid considera que estos proyectos normativos en materia de Justicia han conseguido alarmar a los principales operadores jurídicos de España, como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Además, añade, suponen un ataque al Estado de derecho y ponen en peligro el modelo de libertades y convivencia firmado por los españoles en 1978.
El proyecto para la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal supone, a juicio del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, una transgresión de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Además, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones las asociaciones mayoritarias de estos profesionales, ataca la independencia judicial.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid alerta de que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley que modifica la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reforma competencias del Consejo Fiscal que lo alejan del modelo de la fiscalía europea, plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado.