La situación de los migrantes vuelve a generar fricción entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad ha enviado una carta a la Secretaría de Estado de Migraciones (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) recordándoles que están incumpliendo un mandato del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno de España a garantizar el acceso inmediato de menores solicitantes de protección internacional al Sistema Nacional de Acogida (SAPI).
El pasado 11 de diciembre de 2025, la Sala Quinta del Tribunal Supremo dictó un auto (recurso 340/2025) que daba al Estado un plazo "improrrogable" de treinta días hábiles para asegurar que los menores atendidos por la Comunidad de Madrid pudieran entrar y permanecer en el sistema de acogida estatal. Según la carta firmada por la Directora General Silvia Valmaña, este plazo ya habría vencido, pues han transcurrido más de 40 días desde la resolución judicial sin que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya ejecutado las medidas necesarias.
Así mismo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denuncia que las citas para el acceso al SAPI se habrían asignado exclusivamente "a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, e incluso, en algunos casos, más allá del plazo máximo" fijado por el Supremo. Es más, desde la Comunidad de Madrid aseguran que en las comunicaciones recibidas por parte del Estado (entre el 30 de diciembre y el 13 de enero de 2026), se solicita "expresamente" documentación acreditada de la mayoría de edad, "lo que confirma que el acceso al sistema se está articulando únicamente una vez extinguida la tutela administrativa".
Esta práctica sería "contraria tanto al tenor literal como a la finalidad" de la medida cautelar, ya que ignora el principio del interés superior del menor, y, en palabras del Gobierno madrileño, supone un "riesgo evidente de desprotección" para los jóvenes solicitantes de asilo, ya que no se les permite entrar al SAPI mientras sigan siendo menores.
La misiva remitida desde la Dirección General concluye exigiendo la "máxima celeridad" para cumplir con la sentencia del Supremo antes de que el retraso administrativo genere consecuencias irreversibles para estos solicitantes de protección internacional. Además, el Gobierno de Ayuso insiste en su "plena disposición" para colaborar con el Estado en la "correcta ejecución de la resolución judicial", reiterando el respeto al "principio del interés superior del menor".
Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid nos adelantan que "tras el envío de carta han respondido para convocar reunión técnica", aunque todavía desconocen la fecha.