La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León Municio, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, junto con un informe de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, para reclamar que se tramiten de forma inmediata los expedientes de reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados.
Según ambos documentos, desde marzo de 2025 la Administración autonómica ha enviado 134 expedientes a la Delegación del Gobierno, con petición razonada de iniciar el procedimiento de reagrupación familiar. Los servicios técnicos de protección consideran, tras valoración individualizada, que el retorno con sus familias o, si no es posible, su incorporación al sistema de protección de sus países de origen responde al interés superior del menor, al amparo del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
Más de un año pidiendo las reagrupaciones familiares
A fecha de 7 de septiembre de 2026 no consta la iniciación de ninguno de esos procedimientos. La única actuación comunicada a la Comunidad de Madrid fue una carta en la que se indica que, entre septiembre y noviembre de 2025, se pidieron informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen, sin que se hubiera obtenido respuesta. Paralelamente, el delegado del Gobierno se ha mostrado reacio en varias ocasiones ha llevar a cabo dichas reagrupaciones.
El 27 de mayo de 2026 la Comunidad envió un requerimiento formal para que se aclarara si se iban a incoar o no los expedientes y, en caso de negativa, se motivara la decisión conforme al artículo 61.2 de la Ley 39/2015 y se acreditara documentalmente las gestiones ante las representaciones diplomáticas. Ese escrito no ha recibido contestación. La normativa vigente atribuye a la Delegación del Gobierno la competencia para iniciar estos procedimientos tanto a instancia de la entidad de protección de menores como de oficio.
La inactividad administrativa ha tenido, según el informe, consecuencias irreversibles: 53 de los 134 menores ya han alcanzado la mayoría de edad, lo que ha frustrado la finalidad de valorar su reunificación familiar mientras seguían siendo menores.
Algunos menores acumulan 268 denuncias y más de 300 incidencias
El informe añade que un número significativo de estos menores acumula 382 incidencias, gran parte de ellas de alteración de la convivencia, y 268 denuncias, reiteradas en algunos casos. Según los datos de la Dirección General:
- Al menos 25 menores denunciados por uno o varios delitos de robo
- Más de 40 por hurto
- Al menos 13 por amenazas
- 9 por lesiones
- 8 por resistencia
- 6 por delitos sexuales
- Al menos 4 por quebrantamiento
- 3 por daños
- Al menos 1 por tenencia ilícita de armas
La consejera precisa que no se trata del conjunto de los menores extranjeros no acompañados, sino de casos concretos con especiales dificultades de adaptación y, en determinadas ocasiones, problemas de conducta, consumo de drogas o dinámicas delictivas. Advierte que la falta de respuesta posterior a las intervenciones policiales puede generar una percepción de impunidad y un efecto de contagio, y que en menores con problemas de salud mental los técnicos destacan la importancia de un entorno familiar para su evolución.
Dávila recuerda que el Gobierno de España ha señalado recientemente, ante la situación de los menores en Ceuta, que su prioridad es que vuelvan con sus familias, y pide que ese criterio se aplique también, y con celeridad, a los casos ya valorados en las comunidades autónomas. Exige que se tramiten los expedientes pendientes y que se ejerzan las competencias del Gobierno central.