La Comunidad de Madrid ha finalizado los trámites para iniciar próximamente la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive Solución Joven en ocho municipios de la región. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha formalizado esta nueva fase del proyecto con la firma de las adjudicaciones a las tres concesionarias encargadas de edificar estas promociones de alquiler asequible: DeA Capital, Avintia y San José.
Rodrigo ha recordado que “son las primeras casas de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños y que está destinada exclusivamente menores de 35 años”. Así, “favorecemos que comiencen sus propios proyectos de vida cerca de sus familias, sin dejar atrás las calles y barrios que les han visto crecer”, ha añadido.
En concreto, a través de estas adjudicaciones el Gobierno regional construirá 756 nuevos hogares en Alcobendas, 365 en Arroyomolinos, 332 en Colmenar Viejo, 308 en Móstoles, 303 en Tres Cantos, 295 en Loeches, 150 en Valdemoro y 843 en la capital, en las zonas de Valdebebas y Ahijones. La previsión es que las obras puedan arrancar a lo largo de 2026, con el objetivo de seguir aumentando la oferta de alquiler asequible.
El consejero ha señalado que “todas estas viviendas forman parte del Plan Vive, un proyecto que lleva el sello de la Comunidad de Madrid y que ha despertado el interés de otras administraciones, tanto a nivel nacional como internacional”. En este sentido, ha detallado, “ya se han entregado más 5.200 en Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital, dentro de las 14.000 que se edificarán en la presente Legislatura en más de una veintena de localidades”.
En este caso, el principal requisito para optar a una de las 5.500 casas previstas actualmente en el Plan Vive Solución Joven es la edad, ya que es necesario ser menor de 35 años. Además, los solicitantes deben destinarla a su residencia habitual y no tengan ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, tienen prioridad las personas empadronadas o que trabajen allí desde hace al menos tres años. Otro aspecto importante es el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.