En esta última Comisión Informativa de Hacienda, convocada de manera extraordinaria para el 28/09/2022, hemos asistido a la autorización por parte del equipo de Gobierno del municipio compuesto por PP, Cs, Vecinos por Arroyomolinos y la Concejal tránsfuga Cristina Fernández, para llevar a cabo el Reconocimiento Extraordinario de Crédito y pagar facturas que superan el 1.000.000€, concretamente 1.036.953,4€.
Nos preocupa que los informes del Interventor municipal recogen la Omisión de la Función Interventora. Específicamente los informes recogen las siguientes advertencias cuando hace referencia, por ejemplo, a las facturas que hay que pagar a la empresa pública EMUGESA, la empresa municipal de servicios: “Se detectan las siguientes infracciones del ordenamiento jurídico además de la propia omisión del trámite preceptivo de función interventora , que puede calificar como acto nulo, sin que proceda instar la revisión de oficio: Actos dictados prescindiendo del procedimiento, por ausencia de tramitación y formalización de nuevos expedientes de encargos de gestión y contratos privados de Alquiler. En consecuencia, al detectarse la omisión de la preceptiva función interventora y teniendo en cuenta que no procede instar la revisión de oficio (…) Se hace constar que, de acuerdo con el artículo 28 d. de la Ley 19/2013, la omisión del trámite de intervención previa de gastos, obligaciones o pagos constituye, siempre que la conducta sea culpable, una infracción administrativa muy grave en materia de gestión económica presupuestaria que puede conllevar la exigencia de responsabilidades…”.
Quien levanta esos reparos es la Alcaldesa de Arroyomolinos, una persona que se encuentra investigada
Todos estos reconocimientos extrajudiciales de crédito con informes desfavorables de intervención afectan a diferentes pagos de facturas, desde el servicio de limpieza, seguros, programas informáticos, diferentes servicios de Emugesa, servicios jurídicos, etcétera. Nos preocupa que, no sólo se ignore de manera continuada los informes de un habilitado nacional como es el interventor, también porque quien levanta esos reparos es la Alcaldesa de Arroyomolinos, una persona que se encuentra investigada (antes imputada), en un juicio donde se investigan diferentes delitos relacionados con la corrupción, prevaricación, fraude a la administración y blanqueo de capitales.