“El sectarismo ideológico de la presidenta regional, la señora Isabel Díaz Ayuso, nos lleva al abandono institucional y a la desprotección de las mujeres madrileñas”, ha señalado la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, quien ha criticado duramente que “la Comunidad de Madrid sea la única comunidad autónoma en toda España donde no se puede reconocer a las mujeres víctimas de agresión sexual desde las Administraciones Públicas”.
La alcaldesa se refería de este modo la resolución de 10 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 17 de noviembre de 2025, relativo a la acreditación de las situaciones de violencias sexuales. Esta resolución se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 19 de diciembre de 2025.
Desde Alcorcón han sido claros "el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no solo ha votado en contra de este procedimiento en beneficio de las víctimas e incluido en la renovación del Pacto de Estado, sino que no ha remitido al Ministerio de Igualdad la relación de órganos, organismos, recursos y servicios que -de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual- emitirán los informes de valoración y acreditarán las situaciones de violencias sexuales".
“Este acuerdo supone un avance y una mejora en el acceso de las víctimas de violencias sexuales a los derechos y prestaciones reconocidos en la normativa estatal, dando cumplimiento a los requerimientos tanto del Convenio de Estambul como del Pacto de Estado contra la violencia de género”, ha subrayado la alcaldesa.
Además, ha explicado, “su decisión política de no cumplirlo, una dejación intencionada de su responsabilidad, no solo provoca una incertidumbre en los ayuntamientos, sino que niega la aplicación de una medida recogida en la renovación del Pacto de Estado y rompe de nuevo el consenso institucional entre los diferentes partidos políticos en un tema tan vital y sensible como la violencia de género”.
Para Candelaria Testa, “dejar sin protección a las mujeres agredidas sexualmente significa que no pueden acceder a recursos económicos, que no pueden tener protección en el ámbito laboral y que no tienen posibilidad de acceder a un recurso habitacional, a una vivienda, en caso de que lo necesiten”.
Además, ha recordado que “esta decisión se asume por parte del Gobierno regional en un país donde, según la macroencuesta de violencia de género de 2024, el 14,5% de las mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Esto significa que 3 millones de mujeres en España, la mitad de ellas antes de los 15 años, han sido agredidas sexualmente”.
Por todo ello, ha exigido “al Gobierno de Ayuso que rectifique inmediatamente ya que esta medida tan solo responde a su confrontación personal contra el Gobierno de España, puesto que, en ayuntamientos de regiones gobernadas por el PP, como en Galicia - aunque no compartimos el modelo-, al menos sí desarrollan esta medida”.
“En Galicia, una de las formas para que las víctimas accedan a la categoría administrativa de víctima de agresión sexual es partiendo del informe social inicial elaborado por Cáritas para que, posteriormente, los servicios especializados de los concellos - los ayuntamientos-, otorguen dicha categorización. No es nuestro modelo, pero al menos las víctimas sí logran este reconocimiento”, ha manifestado.
De este modo, Candelaria Testa ha escrito una carta a Ana Dávila-Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con el fin de exigimos que, de manera inmediata, hagan llegar la mencionada relación al Ministerio de Igualdad ya que "las víctimas en Madrid no pueden quedar excluidas y en esta situación de vulnerabilidad”.