Ante las recientes declaraciones de la alcaldesa de Alcorcón en relación con el proyecto de tanatorio-crematorio en el polígono de Urtinsa, desde el Partido Popular explican que este proyecto "no es nuevo ni sobrevenido". "Su tramitación se inicia en el año 2020, en plena pandemia, cuando el Ayuntamiento de Alcorcón determina que el uso de tanatorio con crematorio es compatible urbanísticamente en dicha parcela", aseguran desde la formación popular. Desde entonces, continuan exponiendo, el expediente ha seguido su curso ordinario, acumulando más de una docena de trámites e informes del Ayuntamiento de Alcorcón favorables, además de los correspondientes informes autonómicos preceptivos.
En concreto, argumenta el PP, el procedimiento "ha contado con informes favorables en materia urbanística, ambiental y sanitaria emitidos por el Ayuntamiento de Alcorcón. Evaluaciones técnicas dentro de áreas gestionadas por el propio equipo de gobierno municipal. La aprobación definitiva, 6 años después, en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorcón en marzo de 2026, por unanimidad".
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha intervenido únicamente en el ámbito de sus competencias, mediante la emisión de informes técnicos preceptivos en materia de salud pública y calidad del aire, que resultaron favorables tras exigir el cumplimiento de estrictas condiciones medioambientales.
Ante las declaraciones de la alcaldesa, Candelaria Testa, al respecto, recuerdan que "la competencia urbanística es municipal, y es el Ayuntamiento de Alcorcón quien determina qué usos son compatibles en cada zona a través de su planeamiento". Continuan explicando así que las licencias urbanísticas son actos reglados, pero sobre la base de decisiones previas adoptadas por el propio Ayuntamiento, como es la definición de los usos permitidos. "En caso de considerar insuficientes determinadas condiciones — como las distancias a la población o limitaciones de uso— el Ayuntamiento de Alcorcón dispone de herramientas normativas propias, como la modificación de ordenanzas o del planeamiento, que en ningún momento se han impulsado", destacan.
De esta manera, el Partido Popular asegura que "resulta evidente que este proyecto: ha sido conocido, tramitado e impulsado durante años por el Ayuntamiento de Alcorcón. Ha contado con el aval técnico de sus servicios municipales y ha sido aprobado finalmente por la totalidad del equipo de gobierno local".
Desde el Partido Popular defienden el respeto a la legalidad, a los procedimientos administrativos y a la iniciativa privada dentro del marco normativo vigente. "Pero, sobre todo, defendemos el derecho de los vecinos a recibir información veraz y a no ser manipulados", argumentan.
Por ello, consideran que "no es aceptable que, tras años de tramitación y con todos los informes favorables, la alcaldesa pretenda ahora desviar responsabilidades y señalar a otras administraciones. Intentar trasladar la culpa a la Comunidad de Madrid no solo es incorrecto desde el punto de vista competencial, es una maniobra de manipulación política que se traduce en una falta clara de respeto a los vecinos de Alcorcón desde su propio Ayuntamiento". Así, concluyen diciendo que "la responsabilidad de las decisiones adoptadas corresponde a quien ha gobernado y ha tenido la capacidad de actuar durante todos los años que lleva este expediente abierto".