Alcalá bajo tensión: querellas, silencios y demasiadas preguntas
El sol de mayo no logra despejar las nubes que se ciernen sobre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Las sombras de presuntos delitos graves vuelven a amenazar la estabilidad del Gobierno de coalición formado por el Partido Popular de Judith Piquet y VOX.
En esta ocasión, el foco de la tormenta política apunta directamente a Víctor Acosta, segundo teniente de alcalde y portavoz de la formación de Santiago Abascal en el municipio, quien ha sido denunciado por cuatro presuntos delitos: acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.
Según la querella a la que ha tenido acceso SoyDeMadrid, las denuncias parten de dos figuras de máxima relevancia técnica dentro del organigrama municipal: Elena Santana, directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, y Ernesto Sanz, interventor municipal.
Ambos altos funcionarios han formalizado acciones legales contra Acosta, aportando una serie de elementos probatorios que ya se encuentran bajo análisis judicial.
Las acciones se articulan en dos frentes. Por un lado, Elena Santana habría interpuesto querella por presuntos delitos de acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Por otro, Ernesto Sanz acusa al segundo teniente de alcalde de presunto acoso laboral y, al igual que su compañera de despachos públicos, de revelación de secretos.
Pero este episodio no surge en un vacío.
Un Ayuntamiento bajo investigación
SoyDeMadrid lleva meses investigando las complejas relaciones existentes entre diferentes actores vinculados al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Policías, funcionarios, responsables políticos, ex cargos públicos, representantes sindicales, empresas y personas relacionadas con otros municipios forman parte de un entramado informativo cuya relevancia pública resulta evidente.
Parte de esa labor informativa, sin embargo, permanece actualmente bloqueada por una medida cautelar acordada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcalá de Henares, que impide la publicación de determinada información que ni siquiera había llegado a publicarse.
Precisamente por esa naturaleza preventiva, este medio entiende que la situación presenta elementos materialmente equiparables a una restricción previa del derecho a la información, algo extraordinariamente sensible en un sistema constitucional como el español.
A fecha de publicación de este artículo, SoyDeMadrid no tiene constancia de que se hayan actualizado o mantenido públicamente las circunstancias que justificarían la continuidad de dicha medida cautelar en sus actuales términos, transcurrido ya más de un mes desde su adopción.
Y eso abre una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cómo puede mantenerse una limitación preventiva sobre contenidos aún no publicados sin que, al menos externamente, se aprecie una revisión proporcional y actualizada de esa decisión?
¿Conflicto judicial o guerra política?
A este escenario se suma un factor político imposible de ignorar.
Víctor Acosta lleva tiempo denunciando públicamente presuntas irregularidades en la Ciudad Deportiva Municipal. No es un asunto menor: hablamos de uno de los espacios más sensibles de cualquier ayuntamiento; un tablero donde se cruzan dinero público, contratos, influencia y poder real.
Por eso, más allá del recorrido judicial de las denuncias, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante un conflicto estrictamente jurídico-laboral o existe un trasfondo político de mayor alcance? ¿Nace esta actuación exclusivamente de los hechos denunciados o coincide —casualidad o no— con el desgaste de una de las figuras que más incomodidad ha generado al poner el foco en la gestión municipal?
Responder a esto exigirá hechos, pruebas y tiempo. Pero plantear la duda hoy no solo es legítimo: es una obligación periodística.
Judith Piquet y el silencio
Sin embargo, si hay una figura cuya postura empieza a generar tantas incógnitas como el propio caso, esa es la de Judith Piquet.
Mientras el segundo teniente de alcalde de su Gobierno se ve envuelto en una tormenta judicial y política de gran magnitud, la regidora ha optado por la distancia. Fuentes consultadas por este medio apuntan a una aparente inacción ante un conflicto que sacude el núcleo institucional del Ayuntamiento.
Y es ahí donde emerge la lectura política: ¿estamos ante una prudencia institucional a la espera de que los hechos se esclarezcan, o ante una calculada comodidad frente al desgaste de un socio incómodo?
No es ningún secreto que Víctor Acosta ha mantenido posiciones complejas dentro del ecosistema local. Y cuando quien incomoda empieza a convertirse en un problema, la política conoce bien una vieja tentación: dejar que el ruido haga el trabajo sucio.
¿Le molesta Víctor Acosta a Judith Piquet? Esa es la pregunta que hoy muchos en Alcalá de Henares empiezan a hacerse.