“Salimos con más caos y sin ningún compromiso de ayuda para los ayuntamientos ante el colapso de los servicios sociales.” Así resume Judith Piquet la reunión mantenida ayer por la tarde con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ante el colapso de los servicios sociales de varios municipios de la región por una posible mala planificación del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. 

La presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y alcaldesa de Alcalá de Henares trasladó a Martín la necesidad de ampliar los recursos en las ciudades, además de establecer un plan de coordinación ante la avalancha de solicitudes. Sin embargo, parece que la respuesta de la Delegación fue más "pedagógica" que resolutiva, “ninguna ayuda para los ayuntamientos, ni más personal, ni más medios económicos, ni nada".

Asimismo, Piquet asegura en su comunicado que Martín reconoció las deficiencias en la comunicación mantenida hasta la fecha. Ejemplo claro de ello es la expedición de los certificados de vulnerabilidad, uno de los puntos de mayor fricción, pues ahora el Gobierno permite que sea un informe que firme cualquier trabajador social, sin necesidad de hacer un estudio social profundo. “Viene a ser al final un acto de fe. [...] Al final lo que vemos es que son todos meros trámites administrativos que no sabemos qué es lo que va a conllevar”.

Por último, la presidenta de la FMM ha pedido al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y se reúna con los responsables locales ante la proximidad de la fecha en la que finaliza el proceso (30 de junio). Piquet considera que desde el Ejecutivo central deben explicar los criterios que, hasta ahora, han ido cambiando, porque "nadie los tenía claros, ni ellos mismos". Y es que “no se puede legislar desde un despacho y trasladar toda la presión a las administraciones locales”