La situación de los migrantes en Alcalá de Henares parece enfrentar, cada vez más, al Gobierno de España con el regional y local. La semana pasada, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a nuestra ciudad para celebrar allí un Consejo de Gobierno de manera extraordinaria, una visita que aprovechó para pedir al Equipo de Pedro Sánchez un plan detallado sobre la llegada de estas personas.
“No podemos desatender a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país ni podemos ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias que trafican con ellas”, alertó Ayuso, para añadir que “Madrid trata a las personas con humanidad y con seriedad, vengan de donde vengan”. “Somos una comunidad integradora, acogedora”, apostilló.
Así mismo, la presidenta regional quiso poner sobre la mesa la falta de información de la que dispone el Ayuntamiento de Alcalá, así como su petición de incrementar la seguridad para abordar situaciones. “Ni el Ministerio del Interior ni la Delegación del Gobierno están actuando con seriedad y lo que están haciendo es abandonar estos inmigrantes y a las administraciones que tenemos que atenderlos”, subrayó Ayuso.
Por su parte, la alcaldesa complutense, Judith Piquet, consideraba imprescindible adoptar medidas y mejorar la coordinación entre las administraciones implicadas, es decir, el Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno central. "Ha quedado acreditado que no teníamos ninguna información, que no existía ningún canal de diálogo entre el Gobierno de España, ni a través de la Delegación de Gobierno ni a través del Ministerio de Migraciones, y que al final el único canal de comunicación es a través de la dirección del centro, que es una ONG", aseveró Piquet.
En este sentido, la alcaldesa alcalaína recalcó que habría un refuerzo policial en la zona que rodea al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), toda la zona del barrio del ensanche y el Centro Comercial Alcalá Magna, "donde ya se han producido altercados".
Igualmente, parece que el Gobierno central ha aceptado la petición del Ayuntamiento para elaborar o crear "una comisión o una mesa técnica para poder elaborar un plan de seguridad conjunto o un código de buenas prácticas o un convenio de colaboración", tal y como vienen reclamando desde el Ayuntamiento.