El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó ayer, 17 de marzo de 2026, las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación que examinó posibles irregularidades en contratos y gastos municipales durante el anterior mandato del PSOE (2019-2023). El dictamen, ratificado con los votos de la mayoría formada por PP y VOX, señala presuntas responsabilidades administrativas y posibles indicios penales en la gestión de dos exconcejalas socialistas: Blanca Ibarra Morueco y María Patricia Sánchez González.
La sesión plenaria, marcada por una alta tensión política en medio de la crisis interna del PSOE local —tras la reciente dimisión de Javier Rodríguez Palacios como secretario general—, incluyó la toma de conocimiento de la renuncia al acta de concejala presentada por Blanca Ibarra. Esta coincidencia fue destacada por VOX, que vinculó directamente su salida con las conclusiones aprobadas.
Según las conclusiones de la comisión, expuestas por la Segunda Teniente de Alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, basadas en documentación municipal como facturas, actas de sesiones, certificados técnicos y declaraciones, durante el mandato anterior, presuntamente, se realizaron adjudicaciones, principalmente mediante contratos menores (inferiores a 18.000 euros y sin concurso público), a empresas vinculadas familiarmente a las dos ediles.
En el caso de Blanca Ibarra Morueco, se acredita un vínculo de primer grado (madre-hija) con la administradora de la empresa Grupo Editorial del Henares SL. Al parecer, el Ayuntamiento abonó al menos once facturas por un importe superior a 5.200 euros entre 2019 y 2023. Así mismo, según las conclusiones arrojadas por Maldonado, la concejala participó y votó favorablemente en al menos siete sesiones donde se aprobaron pagos relacionados.
Respecto a Patricia Sánchez González, parece que su marido es administrador de A3 Design & Printing, empresa que, presuntamente, recibió contratos por un total aproximado de 33.480 euros. En las conclusiones de la Comisión se refleja que, al parecer, la edil intervino en la conformidad de facturas y asistió a sesiones de la Junta de Gobierno Local donde se aprobaron pagos tanto del Consistorio como del organismo autónomo Alcalá Desarrollo.
El informe subraya la ausencia de abstenciones formales o declaraciones de conflicto de intereses por parte de las concejalas implicadas, así como la reiteración de estas prácticas a lo largo de todo el mandato, lo que, según PP y Vox, evidencia una "falta grave de ética y ejemplaridad política".
Por su parte, los socialistas rechazaron el informe e intentaron defender a ambas concejalas. Diana del Pozo fue quien tomó la voz cantante asegurando que el Ayuntamiento había seguido contratando con estas empresas una vez terminó la legislatura de Palacios. Además, "el voto afirmativo de Patricia Sánchez o de Blanca Ibarra no fue decisivo o cambió la contratación de algún servicio", así mismo, todos los declarantes afirmaron que "no recibieron órdenes o indicaciones de contratar con ninguna empresa específica".
En este sentido, Díaz del Pozo insistió en que ya al inicio de la Comisión pareció acreditarse que no había irregularidades, pero el Partido Popular decidió retomarla cuando, a la par, saltaron a la luz las noticias sobre un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos por parte de la alcaldesa complutense. Por lo tanto, para los socialistas dicha sesión no fue más que una 'cortina de humo' para tapar otros menesteres.