"Que no haya más personas estafadas de la misma forma en que nosotros hemos sido víctimas". Así se pronuncia en este medio uno de los afectados de la calle José Sopeña, 2, ubicada en el Distrito II de Alcalá de Henares. Y es que, lo que comenzó como un proyecto ilusionante para rehabilitar la fachada de su edificio, acabó convirtiéndose en una "estafa" que ha dejado a los vecinos con una deuda que supera los 500.000 euros.
Los afectados, que habían aprovechado ayudas europeas de los fondos Next Generation y en su mayoría son jubilados con pensiones modestas de alrededor de 800 euros, han denunciado ya por la vía penal a la empresa constructora y al banco que también se ha visto presuntamente involucrado en la cuestión, exigiendo así justicia ante un fraude que les ha cambiado la vida.
Todo inició en octubre de 2021, cuando la comunidad de propietarios decidió explorar las subvenciones europeas para mejorar el aislamiento térmico, renovar las bajantes y arreglar desperfectos en un edificio de varias plantas que acumulaba décadas de deterioro. Tras contactar con varias empresas, optaron por una constructora local especializada en rehabilitaciones subvencionadas, que prometía gestionar todo: licencias, proyecto técnico y solicitud de ayudas.
La empresa, cuya identidad se mantiene en reserva mientras avanza la investigación judicial, presentó un presupuesto inicial de entre 238.000 y 245.000 euros, cubierto en parte por una subvención de 166.000 euros de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el contrato final ascendió a 393.087 euros, con intereses y comisiones que elevan el total a devolver a 531.994 euros en 120 cuotas mensuales de 4.259 euros. Los vecinos pagaron más de 8.600 euros en licencias municipales, pero, al parecer, la obra nunca arrancó. En octubre de 2024, tras firmar el préstamo ante notario, el banco presuntamente transfirió el dinero directamente a la cuenta de la empresa, sin pasar por la comunidad ni condicionarlo a avances en los trabajos –una cláusula que los afectados califican de "superabusiva".
Poco después, según nos cuentan los afectados, la constructora desapareció. Su oficina en Alcalá de Henares quedó vacía, como si nunca hubiera existido. Los intentos de contacto –llamadas, visitas– parece que fueron en vano. "Nos dijeron que era la única forma de empezar rápido y cumplir plazos de la subvención. Muchos no entendimos bien las cláusulas; en la notaría todo fue muy rápido y nadie nos advirtió de los riesgos", explica Luis, portavoz de la comunidad y uno de los afectados. "Pensábamos que el banco vigilaba y que el pago se iría liberando por fases, según avanzara la obra. Pero no: todo el dinero fue al bolsillo de la empresa de un plumazo".
Las víctimas, descritas como "gente obrera y buenas personas que han trabajado toda la vida sin meterse con nadie", ahora afrontan cuotas mensuales de 400 o 500 euros que superan sus ingresos. "Hay gente que me ha preguntado con qué va a comer este mes. Hemos trabajado toda la vida sin meterse con nadie, y ahora estamos al borde de la ruina por confiar en quien no debíamos", lamenta Luis.
La comunidad ha interpuesto una querella criminal ante los juzgados de Alcalá por presunto fraude, estafa y apropiación indebida contra la empresa. También han demandado al banco por presunta falta de diligencia y transparencia, enviando burofaxes para solicitar la nulidad del préstamo. La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan el paradero de los responsables, que podrían haber usado testaferros o sociedades pantalla. Además, los vecinos han presentado una declaración responsable ante la Consejería de Vivienda para no perder la subvención, cuyo plazo vence el 30 de junio de 2026. Sin embargo, sin obras completas, el dinero europeo podría evaporarse.