El cruce de reproches y la tensión política alcanzan su punto álgido en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Tras la decisión de la alcaldesa, Judith Piquet (PP), de retirar las principales competencias al portavoz de VOX, Víctor Acosta —retirándole la segunda tenencia de alcaldía y la Concejalía de Proyectos Estratégicos—, el Partido Popular ha salido al paso de las duras acusaciones de "represalias" y "opacidad" lanzadas por sus socios de Gobierno.
El portavoz adjunto del Gobierno municipal, Vicente Pérez, ha defendido hoy que la función de los ediles debe centrarse en "mejorar la vida de los vecinos, impulsar proyectos y garantizar los servicios públicos", sentenciando de forma tajante que el Consistorio no puede convertirse en "una permanente comisión de investigación".
El origen del conflicto: Las cuentas de la Ciudad Deportiva
La tormenta institucional estalló definitivamente este fin de semana. El detonante fue el voto en contra de VOX a una modificación presupuestaria de casi 68 millones de euros —aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la ciudad— que el PP pretendía aprobar por la vía de urgencia. Víctor Acosta (VOX) justificó su 'no' denunciando que se les exigía "un cheque en blanco" sin conocer los detalles de las partidas y acusó a los populares de bloquear desde hace meses el acceso a los datos contables del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal (CDM), institución que él mismo preside.
Frente a esto, el portavoz popular, Vicente Pérez, ha exigido "seriedad, responsabilidad y respeto institucional", negando cualquier tipo de falta de transparencia. Pérez ha recordado que toda la actividad económica del Ayuntamiento está sometida al control permanente de los funcionarios de la Intervención General y la Tesorería Municipal.
“En este Ayuntamiento existen funcionarios cualificados, órganos independientes y procedimientos reglados que garantizan la legalidad. Pretender sustituir ese trabajo técnico por debates políticos permanentes no ayuda a resolver ninguno de los problemas de los alcalaínos”, ha replicado el portavoz adjunto.
Acusaciones de "chantaje político" y bloqueo
Desde las filas populares devuelven la pelota del quiebre del pacto al partido de Santiago Abascal. Según Pérez, "quien debe explicar si rompe o no rompe el acuerdo es quien ha decidido bloquear presupuestos, inversiones y decisiones importantes para Alcalá". Además, ha advertido de que el equipo de Judith Piquet no va a aceptar que el pacto de coalición se utilice como "una herramienta de chantaje político".
Por su parte, y a pesar de calificar la retirada de competencias como una "agresión política hostil", desde el Grupo Municipal VOX han asegurado que sus tres concejales (Víctor Acosta, Pilar Cruz y Antonio Peñalver) no abandonarán el Ejecutivo local. Sostienen que permanecerán en las áreas que aún conservan para "seguir trabajando por los alcalaínos" y garantizar la estabilidad, recordando al PP que las mayorías no han cambiado desde las elecciones de 2023 y que sus votos siguen siendo necesarios.
Con las posiciones totalmente enrocadas, el PP insiste en que se centrará en la gestión diaria —"mientras algunos dedican su tiempo a generar ruido político", ha dejado caer Pérez—, aunque el Gobierno de coalición de Alcalá de Henares afronta, sin duda, su escenario más inestable y crítico en lo que va de legislatura.