La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia absolutoria en el procedimiento que afectaba a Markel Gorbea Pérez, excomisionado para la Cañada Real Galiana. Con esta resolución firme se pone fin a más de dos años de proceso judicial en los que se defendió la actuación como servidor público, enfrentándose en soledad a acusaciones que siempre fueron profundamente injustas. Dos años de espera, de desprecios, de titulares destructivos y de una condena silenciosa que se dictó mucho antes de que cualquier juez pudiera examinar los hechos.
El camino ha sido duro, largo y solitario. Desde el primer momento quedó claro que no existía actuación incorrecta, y por eso se optó por apartarse voluntariamente de las responsabilidades institucionales, para poder defender el nombre propio sin perjudicar al partido ni a las instituciones representadas.
Ser comisionado para la Cañada Real Galiana fue, ante todo un honor, pero también uno de los encargos más complejos, ingratos y socialmente exigentes de cuantos existen en la Comunidad de Madrid. El trabajo no fue cómodo, ni se pretendió que lo fuera. Lo que sí fue, y con rotundidad, fue limpio. Ni un solo dato, ni una sola prueba, ni una sola declaración sostuvo jamás lo contrario. La Justicia, después de dos años, lo reconoció. Pero esa es precisamente la paradoja: la absolución no hace ruido. La noticia, como siempre, fue la imputación.
No existe reparación posible para lo que se ha perdido. El honor puede restaurarse jurídicamente, pero no política ni vitalmente. Quien ha ejercido responsabilidades públicas con honestidad y ha sido arrojado al vacío por acusaciones falsas, cálculos partidistas y en clave electoral, siente un golpe en cuya digestión se quitan las ganas de volver a ocupar espacios institucionales. Suerte que en muchas ocasiones la vocación y la víscera, ganan a la razón y al pudor. Desde un discreto segundo plano también se puede hacer política.
Durante la etapa como comisionado se impulsaron distintas iniciativas para mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real, muchas de ellas inéditas, en coordinación con las distintas administraciones implicadas. Las actuaciones que se pusieron en cuestión formaban parte de un proceso legal y administrativo enmarcado en la estrategia común adoptada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otras entidades. Con la sentencia, queda confirmada la legalidad de las decisiones adoptadas y se reconoce la honorabilidad del trabajo desempeñado.
Cuando el procedimiento comenzó, la presunción de inocencia brilló por su ausencia. Solo existieron titulares gruesos, posts en redes queriendo construir falsos relatos, tuits difamatorios y hasta alegría en ciertos personajes destacados de la Cañada Real Galiana.
No se reclama restitución porque no va a llegar. Pero sí memoria. No puede normalizarse que quien es investigado deba ser “detonado” preventivamente, sin pruebas, para poder emprender el largo camino de su defensa. Se reclama respeto. Respeto por quienes asumimos cargos difíciles y trabajamos honestamente, sabiendo que, en este país, cuando te imputan, te entierran, y cuando te absuelven, ya no queda nadie vivo para leer el epitafio.
Hoy la Justicia absuelve. Y aunque los cobardes seguirán callados, su silencio ya no hiere. Reconforta.
Markel Gorbea Pérez