Podemos Leganés ha mostrado su apoyo a las educadoras infantiles y ha reclamado un refuerzo urgente de la red pública de escuelas infantiles en Leganés, tras el conflicto laboral que atraviesa el sector en la Comunidad de Madrid.
La formación considera que la etapa educativa de 0 a 3 años constituye un derecho fundamental y una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades desde la infancia. Sin embargo, denuncia que el modelo actual en la región se sustenta en la externalización de servicios, la falta de financiación y la precarización de las condiciones laborales de las profesionales.
Desde Podemos subrayan que las educadoras infantiles sostienen un servicio esencial para miles de familias, a pesar de enfrentarse a salarios bajos, ratios elevadas y una carga de trabajo creciente. En este sentido, insisten en que las escuelas infantiles cumplen una función educativa y no únicamente asistencial, por lo que consideran imprescindible dignificar el trabajo del sector para garantizar la calidad del servicio.
La formación reclama a la Comunidad de Madrid la apertura de una mesa de negociación con el colectivo para abordar sus principales reivindicaciones, entre ellas mejoras salariales, reducción de ratios y el reconocimiento pleno del carácter educativo de esta etapa. Asimismo, abogan por una mayor inversión pública que permita reforzar las plantillas, mejorar los recursos disponibles y garantizar una atención más inclusiva, especialmente para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Podemos Leganés también ha apelado al papel de las administraciones locales, señalando que los ayuntamientos no deben permanecer al margen de esta situación. En el caso de Leganés, la formación recuerda que el consistorio tiene capacidad de actuación en los centros que gestiona directa o indirectamente, y reclama una mayor implicación para mejorar las condiciones de las plantillas y la calidad de las instalaciones.
En este sentido, el partido morado insiste en la necesidad de situar la educación infantil y los servicios públicos en el centro de la acción política, en un momento en el que el debate sobre el modelo educativo y las condiciones laborales del sector continúa abierto.