El PSOE de Leganés ha exigido al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes ante la fuerte escalada del precio del alquiler en la ciudad, una tendencia que, según alerta la formación, está expulsando a numerosos vecinos de sus hogares y agravando la crisis de vivienda. Los socialistas señalan que los últimos datos publicados por Fotocasa sitúan a Leganés como el municipio con mayores subidas en la periferia sur de Madrid, con un incremento interanual del 37,1 % en octubre y un precio medio que alcanza los 16,59 euros por metro cuadrado.
Desde el PSOE advierten de que el mercado del alquiler en toda la Comunidad de Madrid encadena ya casi cuatro años de incrementos ininterrumpidos y subrayan que en Leganés el precio del metro cuadrado ha pasado de 13,22 euros en enero a 16,59 euros en octubre de 2025, lo que supone un encarecimiento muy acusado en apenas diez meses. A esta situación se suma una escasez de oferta especialmente grave, ya que la ciudad únicamente dispone de cuatro viviendas libres por cada mil habitantes, uno de los ratios más bajos del país y un factor que incrementa aún más la presión sobre las familias.
Los socialistas recuerdan que esta problemática coincide con la reciente llamada de atención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha instado a las administraciones públicas a incrementar la construcción de vivienda destinada al alquiler y a garantizar la permanencia de su calificación social. Esta advertencia, remarcan, pone el foco en municipios como Leganés, donde la brecha entre salarios y precios del alquiler se hace cada vez mayor y donde se requieren medidas estructurales para corregir un mercado profundamente tensionado.
En este contexto, el PSOE de Leganés denuncia lo que considera una paradoja institucional, la renuncia del alcalde Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, a impulsar las 108 viviendas públicas en alquiler previstas por EMSULE. La organización asegura que los recursos estaban garantizados y la planificación técnica preparada, pero aun así el proyecto no ha recibido el impulso necesario.
El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco Pérez, sostiene que "el acceso a una vivienda digna no puede depender únicamente de las fuerzas del mercado y que la ciudad necesita una estrategia valiente y urgente para contener los precios del alquiler y garantizar la estabilidad de todos los vecinos". Afirma, del mismo modo, que "renunciar a promover vivienda pública en el actual escenario es injustificable y recuerda que las políticas de vivienda requieren continuidad, como demuestra el trabajo realizado entre 2019 y 2023 que dará lugar en los próximos meses a cientos de viviendas públicas promovidas por EMSULE".
Renunciar a promover vivienda pública en el actual escenario es injustificable
Advierte, el portavoz socialista, a su vez, que los proyectos impulsados por la derecha, orientados, dice, a favorecer la especulación en Leganés, comprometen la posibilidad de ampliar el parque público en los próximos años, y hace un llamamiento a apoyar las movilizaciones de la sociedad civil que exigen la construcción de las 108 viviendas de alquiler público y una política real de vivienda para todos y todas.
Para los socialistas, esta decisión constituye una grave irresponsabilidad política que ha impedido ampliar el parque público de vivienda y aliviar la presión que sufren muchos vecinos. Consideran que renunciar a este proyecto en un momento tan crítico supone desaprovechar una oportunidad para mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad.
Ante la creciente emergencia habitacional, el PSOE de Leganés reclama al Ayuntamiento que reactive la promoción de vivienda pública en alquiler a través de EMSULE y que recupere las 108 viviendas canceladas o paralizadas. Asimismo, pide retomar el desarrollo iniciado en el mandato anterior para consolidar un parque público estable, con precios razonables y protección social, destinado a las personas empadronadas en la ciudad. También insta al gobierno local a aplicar medidas de regulación dentro del marco legal existente, como la declaración de zonas tensionadas o la aplicación de incentivos que favorezcan la vivienda social.