La justicia ha dado la razón al Real Madrid con la resolución judicial de la Audiencia Provincial, que exime al club de cualquier responsabilidad penal derivada de los ruidos que han generado los conciertos en los últimos años. “Nosotros no podemos hacer otra cosa que respetarlo”, dice Inmaculada Sanz, esperando encontrar “un punto de equilibro” que permitiera la realización de diferentes eventos culturales que, “probablemente, otros recintos no podrían acoger”.
“Tenemos una ordenanza de ruido que debe cumplirse”, insiste la vicealcaldesa de Madrid, que se muestra a la expectativa de que se adopten las “soluciones necesarias para que el estadio pueda cumplirla, de manera que se celebren los eventos y se respete el descanso vecinal”. “La normativa vigente es la que es”, sentencia Sanz, asegurando que el Gobierno municipal ha sido “escrupuloso” con la misma.
La portavoz del Ejecutivo de Almeida sitúa ahora la pelota en el tejado del club de fútbol. “Corresponde a ellos las decisiones que quieran adoptar”, sostiene la portavoz del Gobierno de Almeida valorando como “positiva” la posibilidad de que pudiera establecerse un proceso de diálogo con los vecinos y a la espera de comprobar cuáles son “las siguientes decisiones que quieran adoptar” en el Real Madrid.
Entre tanto, la Asociación de Promotores Musicales ha hecho público un comunicado en el que muestra su preocupación por “el impacto que la resolución sobre los conciertos del Bernabéu puede tener sobre la música en vivo”. Consideran que la resolución judicial genera “inseguridad jurídica para las promotoras, que son quienes asumen el mayor riesgo económico, operativo y reputacional”.
La APM exige un “marco de seguridad jurídica para el futuro de la música en directo” y apuesta por el diálogo y la colaboración entre las partes para encontrar “soluciones equilibradas y sostenibles”, defendiendo en este punto el derecho al descanso de los vecinos, que ya han adelantado que recurrirán ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.