Hoy finaliza el periodo de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (conocida como Ley LIDER), una norma ambiciosa con la que la Comunidad de Madrid pretende sustituir las leyes de suelo y urbanismo vigentes desde hace más de 25 años.
El trámite, abierto el 7 de marzo tras la resolución de la Directora General de Urbanismo, Sara Emma Aranda Plaza, ha permitido a ciudadanos, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades del sector presentar alegaciones durante un mes. A partir de ahora, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior analizará las aportaciones recibidas antes de continuar la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la ley pueda estar aprobada a finales de 2026 y entrar en vigor en 2027.
Así, en este punto de la norma, cabe recordar qué implicará su entrada en vigor, más allá de la unificación en un solo texto de la ordenación del territorio y la actividad urbanística, superando la dispersión actual entre la Ley 9/1995 y la Ley 9/2001 del Suelo. También destacar los objetivos que, según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, son los siguientes:
- La simplificación de las categorías de suelo (urbanizado, rural protegido y rural no protegido), y reducir el número y complejidad de los instrumentos de planteamiento.
- Agilizar los trámites administrativos para elaborar y aprobar planes urbanísticos, reduciendo plazos y duplicidades.
- Aumentar la flexibilidad de usos del suelo, especialmente en suelo rural, para facilitar cambios de actividad económica y adaptarse mejor a las necesidades reales de municipios y ciudadanos.
- Reforzar la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, con especial atención a los municipios pequeños, que contarán con más apoyo técnico.
- Impulsar la regeneración urbana, la colaboración público-privada y la rehabilitación, al tiempo que se adecúa el régimen sancionador para bonificar la restauración voluntaria de la legalidad.
- Garantizar mayor participación ciudadana en el diseño de las ciudades y proyectos, aunque algunas asociaciones ya han criticado que el plazo de un mes es insuficiente dada la complejidad del texto (más de 300 artículos).
EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN LA LEY LÍDER
La exposición de motivos del anteproyecto insiste en que la ley persigue un “desarrollo equilibrado” de la región, respondiendo a la demanda de vivienda, la dinamización económica y la adaptación a los cambios socioeconómicos actuales, sin renunciar a la protección del medio ambiente y del patrimonio.
En cuanto al primer aspecto, la vivienda, los puntos clave que hay sobre la mesa son la reserva de vivienda protegida (artículo 111), manteniendo la obligación de guardar suelo o un porcentaje para viviendas de esta tipología. El cómputo se hace a nivel municipal (no por ámbito), con posibles exenciones en municipios con despoblamiento. La reserva solo es exigible cuando se incrementa la edificabilidad o en nuevas actuaciones.
Se sigue fomentando la colaboración público-privada en vivienda protegida. Hay una disposición adicional específica (Disposición adicional sexta) que regula las entidades privadas colaboradoras urbanísticas en materia de vivienda con protección pública. La ley busca flexibilidad para adaptarse a la demanda y corregir desequilibrios territoriales (más vivienda en zonas con déficit).
ALEGACIONES Y POSIBLES MODIFICACIONES
Desde el Gobierno regional se presenta como una herramienta clave para reducir la burocracia que hoy ralentiza la construcción y la inversión. Promotores, colegios profesionales y parte del sector inmobiliario ven con buenos ojos la simplificación y la mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, colectivos vecinales, plataformas patrimoniales y ecologistas ya han anunciado alegaciones. Algunos advierten del riesgo de que una mayor flexibilidad en suelo rural pueda traducirse en una mayor presión urbanizadora, mientras que otros reclaman más garantías en la protección de catálogos patrimoniales y en la participación real de los vecinos.
Con el cierre del plazo de alegaciones hoy, comienza ahora la fase de análisis y posibles modificaciones del texto. Queda por ver si el resultado final equilibra realmente agilidad, desarrollo y protección, o si genera nuevas tensiones territoriales.