La Audiencia Nacional dejó visto para sentencia el juicio del denominado Caso Cofely, una pieza separada de la trama de corrupción Púnica que afectó a varios municipios de la Comunidad de Madrid y de otros puntos de España, incluido Moraleja de Enmedio. Se ha investigado la presunta adjudicación fraudulenta de contratos con la empresa Cofely por valor de 225 millones de euros. En el caso de Moraleja, el contrato firmado ascendía a cerca de 2,8 millones de euros y por esos hechos el ex alcalde popular Carlos Estrada se enfrenta a una pena de prisión que podría superar los cuatro años.
El pasado mes de abril se comenzó el juicio oral de este caso en el que había más de 30 acusados entre alcaldes, concejales y empresarios. En el transcurso del proceso, alrededor de la mitad de los acusados han ido firmando acuerdos de conformidad, es decir, que han admitido los hechos delictivos. Entre ellos, el constructor David Marjaliza que se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel, así como varios alcaldes entre los que destacan José María Fraile, ex regidor de Parla (PSOE); Antonio Sánchez, ex alcalde de Serranillos del Valle (UDMA); o Gonzalo Cubas, ex primer edil de Torrejón de Velasco.
Sin embargo, algunos exdirigentes siguen defendiendo su inocencia y no han querido firmar ningún acuerdo. Es el caso de Carlos Estrada para el que la fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel; y también los políticos Agustín Juárez, de Collado Villalba que se enfrenta a una posible pena de seis años y seis meses; Daniel Ortíz, ex alcalde popular de Móstoles (cinco años de pena); Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva; o José Carlos Boza, ex regidor de Valdemoro. Todos ellos tienen en común su pertenencia al Partido Popular.
La fiscalía, entre la que ha habido también controversia por los delitos aplicados, ha rebajado la petición de penas para todos los acusados por dilaciones indebidas en el proceso judicial. Esto es debido a que los hechos han tardado más de diez años en ser juzgados y quedar listos para sentencia.
En el caso de Moraleja de Enmedio, el 10 de junio de 2015, Carlos Estrada fue detenido por la Guardia Civil en calidad de investigado por este caso de la trama Púnica. Se le acusa de firmar varios contratos para realizar trabajos de eficiencia energética por valor superior de 2,8 millones de euros. Las fiscales han relatado en la vista oral que ha quedado demostrado que todos los dirigentes actuaban en connivencia con la parte empresarial del caso, los representantes de Cofely, para amañar y preparar las licitaciones y las adjudicaciones.
El PSOE de Moraleja de Enmedio siempre ha sido muy crítico con esta trama de corrupción que ha afectado directamente al municipio y que le mantiene como uno de los más endeudados de España. Tras ocho años de gobierno socialista en los que trataron de ordenar la enorme deuda y comenzaron a pagar parte de lo que se debía para desbloquear los tributos del Estado, subvenciones y otros ingresos, los socialistas fueron desalojados de la alcaldía gracias a un pacto alcanzado por el PP y por Vox.
Ahora, la alcaldesa Arantxa Godino, sigue lidiando con la enorme deuda, pero ha sido la encargada de tomar las decisiones más difíciles y controvertidas al prescindir de servicios asentados en el municipio como la Casita de Niños. En su defensa, la actual alcaldesa afirma que su predecesora, Valle Luna, nunca acometió los recortes pactados con el Ministerio de Hacienda que incluían la subida hasta el máximo legal de todos los tributos municipales y el cierre de servicios impropios.