Tal y como informábamos hace apenas unos días desde Soy de Leganés, EMSULE y su gestión prometen convertirse en uno de los principales temas de la pre-campaña y campaña política de cara a las elecciones de mayo.
Así, el actual candidato a la alcaldía del PP y ex-presidente de la empresa pública ha sido acusado de haber adjudicado contratos a empresas sin expediente y sin pasar por el Consejo de Administración.
Si bien Miguel Ángel Recuenco se defiende de las acusaciones y afirma que se trata de un "montaje falso y burdo" donde se juzga su gestión durante los años comprendidos entre el 2011 y el 2015, las dudas siguen ahí.
Ahora, desde Leganemos solicitan una querella criminal por presunta prevaricación y malversación de fondos en función de los hechos de los que habría tenido conocimiento la formación local gracias a dos informes redactados por EMSULE realizados ante las sospechas de "quebranto" en las arcas públicas en el tiempo señalado.
En enero de este año, el informe es enviado al Consejo de Administración recomendando interponer una querella que desde la formación local solicitan a EMSULE que lleve a cabo. Consideran imprescindible aclarar la gestión y "perseguir todos los hechos presuntamente delictivos que hayan podido utilizar a EMSULE para fines ilícitos".
Los hechos en los que ponen el acento desde Leganemos es que, cuando Miguel Ángel Recuenco estaba al frente de la empresa pública, también era apoderado y presidente de la Junta de Compensación del PP3 Puerta de Carabanchel (Plaza Nueva), la organización formada por los diferentes propietarios de los terrenos no contaba con los recursos necesarios para su conservación y mantenimiento.
En ese momento, la Junta y EMSULE acuerdan que sea la empresa pública quien realice el mantenimiento. Leganemos reitera que, en caso de haberse hecho este acuerdo conforme a la ley, habría pasado primero por el Pleno municipal y posteriormente por el Consejo de Administración de EMSULE, "que tiene que contratar los trabajos al no disponer de recursos propios".
El dinero público debe servir para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos de Leganés, no para el presunto enriquecimiento ilegítimo de aquellos en quienes confiaron y a quienes votaron
Sin embargo, los pasos mencionados se habrían 'saltado', lo que desde Leganemos consideran como una omisión al control municipal y del propio EMSULE. Una medida que se utilizaría, precisamente, para evitar que "fiscalicen el uso del dinero público que hace EMSULE al contratar a dos empresas para la realización de los trabajos". He aquí la primera acusación a M.A Recuenco.
En cuanto a la segunda, una vez efectuado el proceso, EMSULE contrata a las empresas VICTORIA S.L y VALDENORTE S.L bajo la fórmula de "contratos menores" (importe inferior a 15.000 euros y por un tiempo menor a 1 año). Unas condiciones que eximen a la administración pública de la obligación de dar publicidad a contrato, por lo que se puede utilizar la ya tan conocida como adjudicación 'a dedo', ante la posibilidad de presentarse diferentes empresas.
Lo que saca a la luz el informe es que los contratos se habrían prolongado durante los años 2013, 2014 y 2015 por un importe total de 175.808 € en el caso de Obras y Urbanizaciones Victoria SL y de 160.770 € en el caso de Obras y Urbanizaciones Valdenorte. La ley recoge cómo la fragmentación de un contrato para que su duración sea menor a la debida y su importe se reduzca tiene un nombre: prevaricación. La segunda acusación.
De este modo, debería haber sido la Junta de Compensación quien contratase la conservación y mantenimiento, pero finalmente son contratados por EMSULE. Leganemos destaca las diferencias entre ambas formas de proceder y pone el acento en la "elusión de la obligación del control del Ayuntamiento y el Consejo de Administración".
Sentencian que para la formación local el dinero público debe servir para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de Leganés y no para "el presunto enriquecimiento ilegítimo de aquellos en quienes confiaron y a quienes votaron"