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Vecinos por Sanse pedirá en el pleno ordinario de noviembre instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover y tramitar una Ley Nacional de Prevención y Lucha contra el acoso escolar, una de las formas de violencia más devastadoras que pueden sufrir nuestros menores. No solo vulnera el derecho fundamental a la educación y a la integridad moral, sino que deja secuelas psicológicas profundas que, en los casos más graves, pueden derivar en tragedias irreparables.

En las últimas semanas, España se ha visto conmocionada por el suicidio de Sandra Peña, una niña de 14 años de Sevilla que sufría acoso escolar. Su familia había denunciado en dos ocasiones insultos, humillaciones y burlas sobre su aspecto físico. El colegio no activó los protocolos de acoso ni de prevención de conductas autolíticas. La Junta de Andalucía ha remitido el caso a la Fiscalía General del Estado y ha abierto expediente al centro educativo implicado. Este suceso ha puesto de nuevo en evidencia las deficiencias de los protocolos actuales y la necesidad urgente de una respuesta coordinada a nivel nacional.

Según el Informe de la Fiscalía General del Estado de 2024, en España se detectaron 1.196 casos de acoso escolar, lo que representa un incremento respecto a años anteriores. Por su parte, el estudio de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña (curso 2024-2025) señala que el 12,3% del alumnado afirma sufrir o conocer casos de acoso o ciberacoso, frente al 9,4% del curso anterior. Se estima que más de 250.000 menores padecen actualmente esta forma de violencia, y casi la mitad la sufre durante varios meses o incluso más de un año.

Estos datos reflejan que el acoso escolar no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que requiere una respuesta legislativa y presupuestaria firme. A pesar de los protocolos autonómicos existentes, los recursos son desiguales entre territorios y los mecanismos de detección y actuación siguen siendo insuficientes. “Una Ley Nacional contra el Acoso Escolar permitiría homogeneizar la protección de los menores en todo el territorio, reforzar los recursos humanos y materiales de los centros educativos, garantizar la atención psicológica y el acompañamiento de las víctimas y sus familias, y establecer un marco penal claro que contemple el acoso escolar como delito específico. La prevención, la educación en valores, la formación del profesorado y la intervención temprana deben ser pilares de una política pública sostenida y eficaz. "No podemos permanecer impasibles mientras nuestros jóvenes sufren en silencio”, afirma Miguel Ángel Martín Perdiguero, portavoz de Vecinos por Sanse.

Asimismo, desde el partido local recuerdan que “es fundamental que desde las administraciones locales se impulse esta reivindicación, ya que es en el ámbito local donde se perciben con mayor claridad las consecuencias del acoso. Los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, programas de infancia, juventud y educación, son las primeras instituciones en detectar y acompañar muchos de estos casos. Por ello, las corporaciones locales debemos alzar la voz para exigir una legislación nacional que garantice recursos, coordinación y una protección real a los menores".

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