El Gobierno estatal aprobó ayer en Consejo de Ministros un Real Decreto que regula la concesión de 5 millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid para promover los realojos de las familias en situación de vulnerabilidad social extrema de los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento informal de Europa en extensión y en población.
El Real Decreto establece que el Ayuntamiento de Madrid recibirá tres millones de euros para afrontar los realojos de su término municipal, mientras que el de Rivas recibirá dos millones para lo propio. La situación de extrema precariedad de la Cañada Real llevó al Gobierno a crear un grupo de trabajo interministerial en septiembre de este año, en el que han participado los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
El enlace a la M-50 será a través de la M-823
“El Gobierno de España ha demostrado su compromiso con Rivas y, sobre todo, con las personas que malviven en la Cañada Real y que demandan, con toda justicia, una vivienda digna en la que desarrollar su proyecto vital”, ha dicho este miércoles la vicealcaldesa y portavoz del PSOE de Rivas, Mónica Carazo.
Por otro lado, Carazo ha valorado positivamente la subvención directa de 6,6 millones de euros que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Raquel Sánchez ha concedido al Ayuntamiento de Rivas para financiar la construcción del enlace de la ciudad con la M-50 a través de la M-823. Desde esta vía, se enlazará con la autovía de circunvalación mediante la construcción de dos glorietas que estarán en ambos márgenes y que contarán con sus correspondientes ramales de enlace.
“El enlace de Rivas con la M-50, una demanda histórica de nuestra ciudadanía, supondrá una importante descongestión del tráfico en la ciudad y en la A-3”, ha dicho la concejala socialista Pilar Gabina Alonso.
Para la Mónica Carazo, “la actitud colaborativa del Gobierno de España dista mucho de la actitud obstruccionista del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no solo no atiende a algunos problemas específicos de Rivas, como éste o el de la Cañada, sino que no cumple siquiera con sus competencias en materia de educación, sanidad o transporte”.
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