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En la sesión plenaria del mes de noviembre, el Partido Popular y los grupos de izquierda han votado en contra de la propuesta de VOX para revertir la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Pozuelo.

A ojos de los de Abascal, el proyecto continúa avanzando “sin un solo argumento claro” que explique sus consecuencias para los vecinos y sin ofrecer garantías de proporcionalidad ni de necesidad real para el municipio. Señalan que, mientras se anuncia una ZBE “laxa”, el expediente evidencia lo que califican como “el modus operandi habitual”: asumir los planteamientos de la izquierda en materia climática, introducir algunas excepciones “a modo de parche” y presentar la medida como una actuación moderada.

VOX ha recordado que Pozuelo no parte de una problemática ambiental que justifique una intervención de este tipo y considera que la ZBE responde a “una imposición ideológica ligada a los dogmas establecidos desde Bruselas, asumidos por PP y PSOE, e impulsados por el Gobierno de España en el marco de la Agenda 2030”. A juicio de su portavoz, este tipo de políticas generan “más restricciones, más costes y menos libertad”, con un impacto directo en el coste de vida, el empleo y la movilidad.

Asimismo, advierte de la inseguridad jurídica que, según apunta, ya ha provocado la anulación de ZBE en ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Ávila o Segovia y expresa su preocupación por que Pozuelo repita errores recientes y que una ordenanza “mal planteada” vuelva a perjudicar a familias, autónomos, proveedores, comercios y hosteleros, tal y como, afirma, ha ocurrido con la tasa de basuras.

Desde VOX Pozuelo afirman que seguirán defendiendo “el sentido común, la libertad de movilidad y los intereses de los vecinos” y que se opondrán “a cualquier restricción injustificada y a cualquier carga económica innecesaria”. Además, adelantan que, del mismo modo que ya han hecho con la tasa de basuras, no descartan acudir a los tribunales si fuera necesario para frenar la ZBE.

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