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El Ayuntamiento de Pozuelo ha calificado de “absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad” que el Gobierno amenace ahora con llevar a medio centenar de menores no acompañados al centro ilegal de inmigrantes que mantiene en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en esta ciudad y sobre el que pesa una orden de cierre en menos de un mes (17 de enero) por carecer de licencia para dicha actividad.

Como explica la alcaldesa, la popular Paloma Tejero, esta amenaza del Gobierno llega justo después de que el Supremo “le haya pintado la cara hoy mismo” con los menores inmigrantes acogidos por la Comunidad de Madrid, ya que el Alto Tribunal ha dado la razón al Ejecutivo de Ayuso al resolver que es la administración central la que debe encargarse de ellos.

“Hay que ser muy irresponsable para, con el único fin de ‘vengarse’ del varapalo judicial que le ha propinado la Comunidad de Madrid, amagar con meter a cincuenta de estos chicos en un centro sin licencia, que no reúne las condiciones y en el que ya viven, según el Gobierno, más de 125 personas, incluidas familias con adultos y sus hijos”, añade Paloma Tejero.

La alcaldesa se pregunta si “cualquier ministro llevaría a su hijo a un centro sin licencia por no reunir las condiciones y menos para acoger a inmigrantes, no digamos ya a menores no acompañados”. También se pregunta: “¿Qué piensa hacer el Gobierno con las familias que siguen ahí sin licencia? ¿Mezclarlas con estos menores?”

La regidora recuerda que el Ayuntamiento ofreció al Gobierno la posibilidad de regularizar la situación ilegal de dicho centro. Y también que le concedió hasta cuatro meses para reubicar a las personas que siguen allí, “pero no ha hecho absolutamente nada, se limita a seguir vulnerando la normativa que sí debe cumplir cualquier vecino o empresa en cualquier ciudad y ahora encima amenaza con incumplirla más todavía”.

Por todo lo anterior, la alcaldesa avanza que, “si el Gobierno intenta castigar a los pozueleros por sus fracasos con la Comunidad de Madrid, informaremos a la Fiscalía de que Sánchez y su ministra del ramo pretenden meter a menores inmigrantes no acompañados en un centro sin licencia, que no tiene las condiciones ni la capacidad para ello y sobre el que pesa una orden de cierre inmediato. Que tenga claro el Gobierno que el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar de brazos cruzados ante semejante disparate”.

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