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El Consistorio de nuestro municipio sometía este lunes a la votación de un Pleno extraordinario del Ayuntamiento la solicitud al MINHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) de necesidades financieras para el ejercicio 2022, con el objetivo de poder hacer frente al pago de una sentencia judicial, mediante la cual se condena a dicha institución al pago de más de 700.000 euros, procedentes de los intereses de unas facturas, que datan de los años 2006 y 2008, sobre unas obras que nunca se hicieron.
Adherirse al Fondo de Ordenación que facilita el Ministerio de Hacienda es la opción que existe, comenta Juan Santos, concejal de Hacienda y presidente de Vecinos por Navalcarnero, “para hacer frente a esa cuantía y pagar sentencias con cuantías importantes”, que, en caso de proceder de otra manera, crearían “un desfase en su Tesorería”. “Es la única vía para no comprometer los servicios esenciales y el pago de las nóminas”, añade; “la liquidez que tenemos no permite hacer frente a 700.000 euros”.
El punto del día ha contado con los votos favorables de casi toda la Corporación municipal, a excepción de los representantes de VOX y Partido Popular, quienes se han abstenido: “el expediente no admitía ningún tipo de duda, estaba plenamente justificado”, remarca el presidente de Vecinos por Navalcarnero.
Juan Santos destaca la dificultad que supone para la concejalía de la que es responsable el poder hacer frente a estos pagos, derivados de la gestión del Gobierno anterior.
Una situación que el concejal de Hacienda califica como “compleja” e “injusta”, ya que, afirma, “la Justicia da por hechos probados que hay partidas de obra que se pagaron tardíamente por el anterior Gobierno del Partido Popular, pero no se ejecutaron”.
Santos ha señalado que la gestión del Gobierno municipal por aquel entonces fue “calamitosa, donde se pagaban tarde certificaciones de obras que no se hacían, y ahora llegan las sentencias por esas prácticas”. Desde que accedieron a la Concejalía de Hacienda, subraya, en el año 2015, la cuantía a la que ascienden las condenas por sentencias asciende a 22.300.000 euros: “aquí no se pagaba Seguridad Social de los trabajadores, no se pagó un solo euro de la tasa de bomberos a la Comunidad de Madrid, ni a la Mancomunidad por residuos…todo eso hay que gestionarlo ahora mediante fraccionamientos anuales”, lamenta.
Unas obligaciones contractuales “que a veces no es sólo que no se pagaran, es que ni siquiera figuraban como contempladas en los Presupuestos”, expone el concejal de Hacienda. “Judicialmente es un calvario”, argumenta; “se metían las facturas en un cajón”, lo que ha derivado en que en este momento se contabilicen “20 o 30 causas en diferentes tribunales”, ha concluído.