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Juan Santos Benito, actual concejal de Hacienda, es otro de los candidatos a la alcaldía -en su caso, bajo las siglas de Vecinos por Navalcarnero- que ha visitado los estudios de Televisión Digital de Madrid durante la campaña electoral para hacer balance de la legislatura y exponer aquellos asuntos que aún deben resolverse en el municipio. En este sentido, explica de qué modo ha lidiado el actual Ejecutivo local con las cuentas del Consistorio, marcadas por la deuda de 250 millones de euros contraída por gobiernos anteriores (motivo por el cual él decidió tomar parte activa en la vida política de la localidad), y qué avances se han conseguido en la gestión municipal hasta la fecha.

"He echado muchísimas horas para voltear la situación; de haber estado casado, me habría costado el matrimonio", señala. "La contabilidad estaba totalmente falseada", añade, subrayando que "era caótica, a todos los niveles; había un millón de euros en facturas en un palé guardado en un sótano". Indica, entre otros logros, que el Periodo de Pago a Proveedores ha pasado de estar en 1.052 días a 45, y detalla en qué punto está la resolución de otros temas, como las consecuencias de la excavación de las Cuevas del Concejo, "una aberración permitida y consentida; ningún técnico se va a responsabilizar de una obra ilegal", o los convenios urbanísticos con el SEPE: "han estado durante 23 años, de una manera vergonzante, eximidos de pagar impuestos, al margen de que se les regaló el suelo". Por otro lado, remarca la necesidad de regularizar la situación urbanística de Navalcarnero, un Plan General que en su día se supeditó a la llegada del tren, obra "que no se ha ejecutado, seguimos a la espera".

De cara a la próxima cita con las urnas, reivindica la independencia de su partido, puntualizando que "nosotros solo nos debemos a Navalcarnero y a lo que el pueblo necesita", y haciendo hincapié en que "la objetividad es muy importante en gestión, y sobre todo no mentir; de nada sirve prometer cosas que no se pueden cumplir, hay que saber qué propuestas son viables, y solo deben juzgar y hacer balance los ciudadanos, cuando vean lo que se ha hecho mientras pasean por las calles, y los proveedores, que son quienes tienen que cobrar a tiempo".

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