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La concesión masiva de beneficios penitenciarios a los presos condenados por pertenecer o colaborar con ETA sigue avanzando a ritmo acelerado en 2026, especialmente bajo la gestión del Gobierno Vasco, que asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021.

Según los datos más recientes del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) —actualizados en febrero de 2026 y reflejados en su boletín de ese mes—, de los aproximadamente 125 presos de ETA que permanecen en cárceles españolas (la inmensa mayoría en prisiones vascas y navarras), menos del 40-47 % cumplen su condena de forma íntegra en régimen cerrado o estricto, sin salidas.

El informe detalla que 54 presos ya disfrutan del tercer grado penitenciario, en régimen abierto o semilibertad que permite salir a trabajar, formarse o residir en domicilio con controles telemáticos. A ellos se suman al menos 12-18 beneficiarios del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula de flexibilización del segundo grado que habilita salidas diarias (de lunes a viernes) para actividades laborales, formativas o de voluntariado, regresando solo a dormir. En total, más del 53 % de los etarras cumplen condena con alguna medida que les permite no estar entre rejas las 24 horas, según fuentes de la AVT y medios como Vozpópuli, El Mundo y El Independiente en febrero y marzo de 2026.

Desde el traspaso de competencias, el Ejecutivo vasco ha concedido 114 progresiones a tercer grado (sobre 94 presos únicos, contando repeticiones por revocaciones), frente a las 28 previas bajo gestión estatal. En los últimos meses de 2025 y principios de 2026, se han sucedido concesiones destacadas: Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' (exjefe militar de ETA, con más de 377-400 años de condena acumulada) accede desde febrero a salidas diurnas vía artículo 100.2; Juan Ramón Carasatorre (asesino de Gregorio Ordóñez) disfruta de semilibertad similar desde enero; y Asier Arzalluz Goñi (condenado por tres asesinatos, incluido el de José Luis López de Lacalle) obtuvo el tercer grado en febrero, aunque recurrido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo considera prematuro.

Otras actualizaciones incluyen a presos como Henri Parot, Olarra Guridi o Ainhoa Mújika, entre los 14-18 que ya gozan del 100.2 según boletines y reportajes recientes.

La AVT califica esta política como un "vaciado progresivo" de las prisiones de etarras, a menudo sin arrepentimiento efectivo, crítica al terrorismo o colaboración con la justicia. Denuncia que el modelo vasco invierte la carga de la prueba: se exige justificar por qué no conceder el beneficio, en lugar de por qué sí. Organizaciones como Covite hablan de "progresiones fraudulentas" y "amnistía encubierta", y destacan que el 85 % de las aplicaciones del artículo 100.2 desde 2021 han beneficiado a etarras.

En varios casos, la Fiscalía o la Audiencia Nacional han recurrido progresiones prematuras, logrando suspensiones o revocaciones temporales. Mientras, para las víctimas, esto supone una "herida abierta": "Las cárceles se están vaciando a espaldas de quienes sufrimos el terrorismo", señalan desde la AVT.

El debate se intensifica con peticiones del PP y otras fuerzas para mayor transparencia, cambios legislativos y control judicial más estricto. Mientras, la tendencia continúa: más de la mitad de los condenados por ETA ya no cumplen íntegramente su pena entre rejas, marcando —según críticos y defensores— el cierre de una etapa oscura en la historia reciente de España.