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La guerra en Irán está sacudiendo el contexto internacional, tanto que el Gobierno de España pretende aprobar un escudo social con medidas que palíen los efectos de la escalada bélica. Hasta el próximo viernes, cuando está prevista la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, las conversaciones están abiertas y Sumar apuesta por que este paquete de medidas incluya la prórroga de los alquileres.

“Sin vivienda no hay escudo social”, dice Mónica García. “Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ir, sí o sí, con medidas en materia de vivienda”, añade la ministra de Sanidad, segura de que de no ser así “no hay escudo social que nos proteja”.

Mónica García asegura que “frente al impacto económico de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, hay que proteger la cesta de la compra y los suministros, pero también los alquileres”. Insiste en que además de garantizar la protección de las familias y, “por supuesto, los precios de la electricidad”, es necesario extender esa cobertura a “lo que ahora mismo está más en riesgo”.

La ministra se refiere al “derecho a tener una vivienda, el poder vivir en una vivienda en la que no te suban de un día para otro un 30%, un 40% o un 50%” el precio del alquiler. “Estamos hablando de 600.000 contratos que deben ser prorrogados”, dice Mónica García, apostando por “poner un tope a esa escalada especulativa que está llevando a que cualquier medida social se vaya por el sumidero de la protección de la vivienda”.

Como ya adelantó la portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz, el Gobierno trabaja en un plan de respuesta integral, “con medidas estructurales y coyunturales” para hacer frente al contexto internacional que ya afecta a nuestra economía, con efectos inmediatos en materia energética, especialmente en lo que se refiere al combustible. Esto afecta directamente al sector primario, por lo que la subida de los costes de producción y del precio final del producto es ya una amenaza real, tanto como las protestas y reclamaciones de las principales asociaciones del ámbito agroalimentario.

El Gobierno está trabajando en posibles medidas que rebajen los efectos adversos de la guerra y, de momento, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha comentado que este escudo social protegerá a “las familias trabajadoras”. Parece que las prioridades se despliegan en materia fiscal, energética y de vivienda.

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