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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha declarado la competencia de este tribunal para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. En un auto dictado este lunes, la magistrada considera que los hechos no fueron un episodio espontáneo, sino una conducta presuntamente delictiva cometida en el extranjero que “ha atacado gravemente la integralidad territorial de España”, garantizada en el artículo 2 de la Constitución.

La decisión coincide con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el viernes se pronunció a favor de que el caso permanezca en este órgano. Tardón encuadra provisionalmente los hechos en tres bloques: un delito que compromete la paz o la independencia del Estado; un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes; y un posible delito de organización criminal.

Un proceso, no un incidente

La instructora se apoya en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Según ese documento, recogido en el auto, la finalidad migratoria habría operado “solo como cobertura formal”. El CENIF emitió el 29 de julio una alerta de riesgo extremo de entradas a nado y salto a la valla de forma coordinada, dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

El auto describe oleadas de distinta intensidad que colapsaron la capacidad de respuesta del control fronterizo y una “violación masiva de la soberanía territorial”. En la fase posterior, Tardón apunta a efectos aún en evolución sobre seguridad pública, sanidad, servicios sociales y defensa, además de impactos geopolíticos y de desinformación.

La juez sostiene que el acceso se produjo con “absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables”: se les habría conducido a lanzarse al mar sin preparación, con ropa inadecuada y flotadores precarios. Relaciona 83 fallecimientos acreditados por el momento en aguas españolas —por ahogamiento o aplastamiento— con el delito del artículo 318 bis del Código Penal en conexidad con homicidios imprudentes del artículo 142.

“Guiado activo” desde territorio marroquí

Tardón afirma que hay una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos. En la playa de Fnideq y alrededores de Castillejos, el informe policial documenta, con fotografías y vídeos, la actitud de agentes uniformados: no solo permisividad —sin tentativas serias de dispersar a la masa el 30 de julio—, sino lo que el CENIF califica como “guiado activo”: indicaciones para superar obstáculos y organizar el acceso al agua. A ello se suman “agentes dinamizadores” no uniformados.

La magistrada vincula el uso de flujos migratorios masivos con métodos de “guerra híbrida” o “zona gris”. Recuerda que el presidente del Gobierno, durante su visita a Ceuta el 31 de julio, definió lo ocurrido como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

Cinco niveles y secreto parcial

El auto esboza una estructura de al menos cinco niveles: la masa que cruzó; los dinamizadores del mensaje en redes; los organizadores sobre el terreno (policías uniformados y agentes no uniformados); la planificación; y la dirección. En tres de esos niveles aún no hay personas concretas identificadas.

Tardón acuerda el secreto parcial de las diligencias cuya ejecución exija que no las conozcan las partes, salvo el Ministerio Fiscal. Acepta la personación de los denunciantes, salvo Se Acabó la Fiesta, y fija una fianza de 6.000 euros. Ordena que se agrupen en una sola representación; si no lo hacen, designará a Iustitia Europa, primer denunciante, una vez abone la fianza.

La investigación, avisa la juez, deberá abarcar también las actuaciones en territorio español: la respuesta ante las alertas previas y su posible incidencia en los efectos de la entrada masiva.