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Ayer venció el plazo otorgado por el Ayuntamiento de Madrid para que Casa Árabe desalojara las Escuelas Aguirre. Sin embargo, la institución se ha mantenido en el inmueble. Durante la mañana, el alcalde José Luis Martínez-Almeida calificó la situación como una “ocupación ilegal” por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y anunció acciones legales. Por la tarde, decenas de alumnos y simpatizantes se concentraron ante la fachada bajo el lema de que la institución se queda. Mientras tanto, el edificio permanece cerrado al público, la plantilla teletrabaja y los cursos de septiembre se anuncian “en espacios por confirmar”.

Durante la inauguración del curso político en el Retiro, Almeida elevó el tono al afirmar que “se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores”. Añadió que el consistorio emprenderá “las acciones legales oportunas” con un doble fin: la convocatoria del Consejo Rector y la recuperación de la posesión del edificio.

El argumento de Cibeles es doble. Uno, de título: el inmueble es municipal, se cedió en 2008 de forma gratuita y temporal, y el decreto permite recuperarlo si cambia la composición del consorcio. La Comunidad de Madrid anunció que se sale; el Ayuntamiento entiende que eso activa la cláusula. Les dieron hasta el 1 de septiembre —más que los 15 días del convenio— y no se han ido. Dos, de seguridad: hay daños estructurales, redes para que no caigan aleros o cornisas, y Almeida carga en Exteriores “cualquier incidente que afecte a la integridad física”.

El Ayuntamiento prevé ejecutar obras urgentes de consolidación en cuanto recupere las instalaciones para destinarlas a un uso municipal, previsiblemente cultural, habiendo descartado la cesión de un edificio alternativo.

Lo que responde Exteriores

El Ministerio niega la mayor: “Es falso que se esté ocupando la Casa Árabe.” Su argumento es de índole procedimental: aunque la Comunidad de Madrid anunció su salida, dicha baja no está formalizada ni liquidada, un trámite que requiere obligatoriamente la ratificación del Consejo Rector. Hasta que dicho acto se efectúe, el Gobierno sostiene que el Ayuntamiento no puede retirar legalmente “su aportación”, consistente en el uso del inmueble. Asimismo, desde el Ministerio recuerdan que existen canales de diálogo abiertos y que Cibeles ha participado activamente en dicho órgano durante años firmando actas.

El bloqueo en la convocatoria del Consejo Rector

Los estatutos no dejan duda. El Consejo Rector lo convoca su presidente, en este caso, al ministro de Asuntos Exteriores, quien ostenta la potestad exclusiva de convocarlo, ya sea a iniciativa propia o a petición de al menos un tercio de los miembros. Almeida, como alcalde, es vicepresidente, pero no tiene esa llave.

Esta dinámica genera un bucle administrativo. Sin la reunión del Consejo no se formaliza la baja de la Comunidad de Madrid, requisito que Exteriores exige para que el consistorio pueda reclamar el edificio. Paralelamente, el Ayuntamiento rehúsa asumir los costes de rehabilitación mientras el inmueble siga ocupado por otra administración a la que acusa de deterioro, mientras que Exteriores evita convocar el órgano para no facilitar el cierre de la baja regional y la consecuente pérdida de la sede.

Como resultado, Casa Árabe mantiene su sede madrileña cerrada al público, la actividad presencial suspendida y la programación supeditada a espacios provisionales, a diferencia de la sede de Córdoba, que mantiene su funcionamiento habitual.

El impacto de la gestión económica

Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en diciembre de 2025, referente al periodo 2023-2024, refleja una “situación financiera crítica” durante la gestión de Irene Lozano (2021-febrero 2025). El documento detalla pérdidas anuales cercanas al millón de euros —con un gasto de 3,16 millones frente a 2,09 millones de ingresos en 2023— compensadas mediante la paulatina absorción del remanente. Se registraron asimismo irregularidades en la contratación en aproximadamente el 60% de los expedientes analizados, junto con deficiencias en materia de personal y una falta de supervisión atribuida a Exteriores.

Por su parte, Lozano atribuye el balance a un déficit estructural y señala que los presupuestos contaban con la aprobación del Consejo Rector, del que forma parte el propio Ayuntamiento. Desde febrero de 2025, la dirección de Miguel Moro busca corregir estas irregularidades en medio del actual litigio por la sede.