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El sistema de atención a la Dependencia se ha convertido en el último campo de batalla política entre el PSOE y el Partido Popular. Los socialistas han acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de bloquear en el Senado una medida que los propios populares llevaban años reclamando: que el Gobierno central financie al 50% esta materia en las comunidades autónomas. Una ofensiva parlamentaria que ha encontrado una respuesta inmediata por parte de los gobiernos regionales del PP, que acusan a los socialistas de plantear una "burla" de medida y a Moncloa de "asfixia financiera".

El origen del conflicto radica en una moción presentada por el Grupo Socialista en la Cámara Alta para modernizar el sistema y garantizar el acceso universal a las ayudas. La propuesta no prosperó debido al voto en contra de la mayoría del Partido Popular, un movimiento que los socialistas están utilizando ahora como ariete de crítica política.

Por su parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha sumado a las críticas recordando que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio un Real Decreto-Ley para incrementar en 2.218 millones de euros las aportaciones estatales a la Dependencia. El objetivo de Moncloa es alcanzar los 7.200 millones, cubriendo así la mitad de la financiación.

A pesar de que el Gobierno califica este movimiento como “la mayor inversión en Dependencia de la historia de la democracia”, las autonomías del PP no comparten ese entusiasmo. Los territorios populares han recordado al Ejecutivo la deuda histórica que el Estado mantiene con ellos, la cual aseguran que no se resolverá con el nuevo paquete económico anunciado.

El pulso de las comunidades

Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado directamente al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindui, el incumplimiento reiterado de la ley. El artículo 32 de la norma sectorial establece que la aportación autonómica debe ser, como mínimo, igual a la del Estado. Sin embargo, con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, las transferencias ordinarias no se han actualizado al ritmo del gasto real.

Esta situación ha generado un desfase que las autonomías del PP cifran en más de 20.000 millones de euros a nivel nacional, de los cuales Madrid reclama más de 3.400 millones pendientes. Los gobiernos autonómicos argumentan que no es coherente anunciar grandes inversiones a futuro sin regularizar antes las cuentas atrasadas; mientras tanto, el Ejecutivo central sostiene que el nuevo Real Decreto-Ley resuelve el problema de forma estructural y acusa al PP de bloquear de forma partidista el avance social.