Durante el Estado de Alarma, más de 200 familias han acudido a la Oficina de Defensa de Derecho a la Vivienda de manera telemática en Móstoles. Desde la Oficina se han tratado de resolver todas las peticiones de forma inmediata. La precaria situación laboral durante la emergencia sanitaria ha hecho que se abran hasta 64 nuevos expedientes.
La Concejala de Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, asegura que “garantizar que ninguno de nuestros vecinos se quede en la calle es una prioridad de este Gobierno Local”. La mayoría de las familias que han acudido a la Oficina lo han hecho para solicitar moratorias hipotecarias y de alquiler para particulares y empresas propietarias de vivienda.
Las familias más vulnerables han sido derivadas a servicios sociales
Entre las medidas puestas en marcha por la Oficina y la Concejalía, se encuentra la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional hasta 6 meses después del fin del estado de alarma, una prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler en viviendas, microcréditos del Estado sin intereses además de ser el Estado el que se haga cargo de las deudas de los inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis sanitaria y, por último, una reducción del precio de la vivienda en un 50% a los inquilinos de grandes tenedores de vivienda.