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La Comunidad de Madrid construirá más de 500 viviendas de alquiler asequible en Móstoles
Construidas en suelo público por empresas privadas esta licitación se enmarca dentro del Plan Vive
Móstoles |

La Comunidad de Madrid ya está preparando la licitación de 3.000 viviendas de alquiler asequible, 500 de las cuales se ubicarían en la ciudad de Móstoles.

Esta nueva licitación, que se enmarca dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, pretende ayudar en el objetivo marcado por la corporación autonómica de construir 15.000 viviendas accesibles para el final de la legislatura, con una colaboración público-privada por la que la administración cede el suelo y las empresas son las encargadas de construir los edificios.

Estas nuevas parcelas pendientes de licitación se encuentran repartidas por diferentes puntos de la Comunidad, tal como ha explicado José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, en declaraciones a El Economista: "hay una parcela muy atractiva de unas 515 viviendas en Boadilla del Monte que está pendiente de finalización de un plan especial y que creemos que para septiembre, a más tardar octubre, el instrumento urbanístico quedaría aprobado".

Esta nueva licitación planea construir viviendas en Boadilla del Monte, Aranjuez y Móstoles 

También están pendientes de otra parcela "bastante grande de unas 400 viviendas en Aranjuez que tienen una pequeña cuestión pendiente del proyecto de urbanización", además de otras situadas en Móstoles, que superan las 500 viviendas y que "están a falta de cuestiones simplemente registrales de adscripción a la Dirección General de Vivienda".

La licitación para estas nuevas 3.000 viviendas llegará después de que se aprueben los proyectos presentados para construir vivienda en los primeros lotes ofertados y en los que están interesados la constructora Aedas Home y la promotora Culmia.

¿Qué es el Plan Vive?

El Plan Vive es una de las propuestas estrellas del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso, con el que pretende ayudar en el acceso a la vivienda a colectivos preferentes como jóvenes menores de 35 años, mayores de 65, discapacitados o mujeres víctimas de violencia de género, todos ellos en condiciones de alquiler inferiores al mercado libre hasta de un 40%.