La ex alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y los concejales investigados por el caso ITV que formaron parte de su equipo de gobierno, han sido emplazados mediante providencia del Tribunal de Cuentas con fecha de 23 de octubre a comparecer y personarse con motivo del caso ITV, un proceso judicial originado a raíz de la condonación de una deuda por parte del anterior Ejecutivo local, formado por PSOE y Podemos, de 2,5 millones de euros a la empresa ITV Móstoles.
Se trata, tal y como ha señalado el propio Partido Socialista en un comunicado, de "un trámite preceptivo y previo para el juicio ordinario por presunto alzamiento, o bien para su sobreseimiento y archivo de las actuaciones". En este sentido, aclaran que es el ayuntamiento "el que, como presunto perjudicado, debe presentar la correspondiente demanda". En caso contrario, "se dará traslado al Ministerio Fiscal y, si ninguno de ellos lo estima oportuno, se ordenará de oficio el archivo de los autos".
La pieza separada que se abre mediante la providencia es por un presunto alcance contable
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Por otro lado, puntualizan que la pieza separada que se abre mediante la providencia es "por un presunto alcance contable", si bien "a fecha de hoy están recurridas ante la sala de Justicia tanto la Liquidación Provisional evacuada en el expediente de Actuaciones Previas núm. 79/2021 como el embargo decretado".
Este matiz hace referencia al embargo determinado por el Tribunal de Cuentas como medida cautelar durante el pasado mes de septiembre a la ex regidora y los ediles Álex Martín, David Muñoz, Marisa Ruiz, Rebeca Prieto, Lola Triviño y Beatriz Benavides -quien renunció a su cargo como responsable en el área de Igualdad a principios de 2021-, así como Nati Gómez, perteneciente a la formación política que entonces figuraba bajo la denominación de Unidas Podemos (ahora coalición Podemos-IU-Alianza Verde). El fallo dejaba fuera a Aitor Perlines, quien "sí realizó un ofrecimiento de bienes a efectos de garantizar dicho requerimiento".
Anteriormente, en julio de este año, la justicia exigía a los implicados la cantidad de 667.000 euros "por el presunto perjuicio causado a las arcas públicas" derivado de la decisión tomada durante su mandato en relación a este caso. Un mes antes, la Audiencia Provincial desestimaba el recurso de casación interpuesto la ex primera edil y su equipo, abriendo la puerta a la fase de apertura de juicio oral.
Previamente, los Tribunales rechazaban también el recurso de aclaración solicitado por los acusados. "Se acordó una quita de 615.000 euros, se redujo el canon a 60.000 euros anuales, se acordó un fraccionamiento de la deuda pendiente sin intereses ni garantías durante un período de 30 años. Por todo ello, entendemos que existen indicios suficientes de la comisión de delito", describía el documento del Ministerio Fiscal enviado a la Audiencia Provincial de Madrid.
Este dilatado periplo judicial comenzó cuando Más Madrid Móstoles interpuso una querella por "un presunto delito de prevaricación y malversación", al tener conocimiento de la intención de Ejecutivo Local de Posse de "perdonar" la mencionada deuda a una empresa privada, algo que consideraban "ilegal y contrario al interés de la Administración Pública".