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El Grupo Municipal Socialista de Móstoles ha denunciado que, más de un año después de haberlo solicitado, el gobierno local formado por Partido Popular y Vox sigue sin redactar ni poner en marcha un protocolo interno de actuación frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral.

Según recuerdan desde el PSOE, este protocolo debía aplicarse de forma inmediata tanto al Ayuntamiento de Móstoles como a sus empresas públicas y entidades colaboradoras, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y garantizar una respuesta eficaz ante posibles denuncias.

La reciente actualidad mediática, señalan los socialistas, ha vuelto a poner de manifiesto que las situaciones de acoso no son hechos aislados y pueden producirse en cualquier ámbito, incluida la política, la administración pública y las empresas. “Se trata de una lacra social extendida que obliga a avanzar en mecanismos de prevención, detección y denuncia rápida”, afirman.

El protocolo reclamado pretende garantizar que cualquier empleado o empleada reciba una respuesta adecuada ante una situación de acoso, con medidas inmediatas de protección a la víctima y procedimientos claros para investigar los hechos denunciados, evitando que estas conductas queden impunes bajo la llamada “ley del silencio”.

Asimismo, el documento debería asegurar la confidencialidad, el respeto a los derechos de todas las personas implicadas y una actuación rápida y eficaz por parte de la administración.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que este tipo de protocolos ya funcionan con éxito en otros municipios como Madrid, Getafe o Parla, y consideran que son herramientas imprescindibles para avanzar en la igualdad, el respeto y la erradicación del acoso en el entorno laboral.

Por último, el PSOE lamenta la “desidia” del gobierno municipal de PP y Vox, al que acusa de no haber puesto aún en marcha un instrumento “tan necesario” para prevenir el acoso y detectar posibles conductas inapropiadas en el Ayuntamiento, las empresas públicas y los organismos dependientes del consistorio.

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