Móstoles contará con 249 viviendas de protección pública en el barrio de Móstoles Sur, de las que el 75% se reservará a vecinos del municipio que acrediten al menos diez años de empadronamiento. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han firmado dos convenios que establecen las condiciones para adjudicar estos inmuebles, destinados al alquiler social o a precio asequible.
Las viviendas forman parte de dos promociones impulsadas por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, con 178 y 71 inmuebles, respectivamente. Ambas cuentan con financiación europea procedente de los fondos Next GenerationEU y mantendrán su destino al alquiler social o asequible durante un periodo mínimo de 50 años.
Uno de los principales aspectos de los acuerdos es la prioridad que tendrán los residentes de Móstoles en el acceso a estas viviendas. Según las condiciones anunciadas, el 75% de los inmuebles se destinará a personas que lleven empadronadas en la ciudad un mínimo de diez años y acrediten unos ingresos no inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Esta reserva supone aproximadamente 187 viviendas para residentes que cumplan los requisitos establecidos, aunque la documentación municipal no concreta cómo se distribuirá ese porcentaje entre las dos promociones ni qué criterios se aplicarán al resto de los inmuebles.
La firma de los convenios ha tenido lugar en la sede de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, situada en la calle Maudes, 17, en Madrid. En el acto han participado el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez.
Con estos acuerdos, ambas administraciones fijan las condiciones de adjudicación de las promociones que la Agencia de Vivienda Social desarrolla en Móstoles Sur, uno de los ámbitos de crecimiento residencial del municipio.
El compromiso de mantener las viviendas en régimen de alquiler social o asequible durante al menos cinco décadas busca garantizar que estos inmuebles continúen formando parte de la oferta de vivienda protegida a largo plazo.